🔵El conflicto por una operación inmobiliaria en Hurlingham suma una advertencia sobre posibles embargos de haberes. No existe una orden judicial en ese sentido pero algunos rumores anticiparon una posible estampida de expedientes🔴
Una deuda originada en una operación inmobiliaria vuelve a poner bajo la lupa a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, actualmente conducida por Walter Leonardi.
Según publicó el portal bonaerense Política del Sur, tras una investigación de Real Politik, un peritaje contable actualizado a 2026 ubicó el monto en 2.172.113,92 dólares. La causa tramita en el Juzgado Civil y Comercial N.º 12 de Morón, a cargo de Mónica Preisz.
La publicación incorporó una advertencia que coloca a los trabajadores en el centro de la preocupación: fuentes judiciales consultadas plantearon que podrían verse afectados los salarios de municipales afiliados a sindicatos adheridos a la Federación. Sin embargo, el propio artículo reconoce que no existe una orden de embargo de haberes pero….la dejó picando.
Una historia que Sonido Gremial sigue desde 2022
El conflicto tiene como antecedente la venta de una propiedad de Sandro Silva y la intervención de Humberto Bertinat, entonces secretario general del sindicato municipal de Hurlingham. El 11 de junio de 2022, Sonido Gremial publicó el reclamo del vendedor por una deuda impaga y sus denuncias de amenazas y ataques contra él y su familia. Aquella cobertura, que recogió información y material –también de RealPolitik-, expuso una disputa que ya llevaba años sin resolverse.
El 14 de mayo de 2024, este medio retomó el caso e informó sobre una sentencia que obligaba a la Federación a pagar 1,3 millones de dólares y 85 millones de pesos. La nota ubicó el origen de la operación en 2015 y describió posteriores reconocimientos de deuda y compromisos de pago incumplidos. También advirtió sobre posibles remates de propiedades y señaló que algunos sindicatos habían abandonado la organización en medio del conflicto.
Ahora, el portal bonaerense Política del Sur menciona entre los bienes que podrían resultar afectados el complejo turístico La Serranita, un hotel en Mar del Plata, la sede gremial de Avellaneda y un hogar en La Plata. El alcance efectivo de las ejecuciones dependerá de las decisiones del juzgado. Ahora bien, avanzar sobre los ingresos personales de los afiliados requeriría un fundamento adicional.
¿Quién debe responder por la deuda?
Especialistas en derecho consultados por Sonido Gremial plantearon como hipótesis una eventual atribución de responsabilidad solidaria a los afiliados, bajo el argumento de que sus aportes hicieron posible la creación y el sostenimiento de la Federación. Esa interpretación, sin embargo, no equivale a una decisión judicial ni demuestra que exista un pedido de embargo salarial incorporado al expediente. Si el reclamo llegara a avanzar sobre los haberes, podría abrirse otro frente: el de los trabajadores que buscaran impugnar las medidas y evitar que la deuda recaiga sobre sus ingresos. Por ahora, ese escenario es eventual.
