🔵Los trabajadores de la energía en las empresas privatizadas de los `90 rechazan la venta de acciones de Transener y reclaman saldar las deudas históricas🔴
Trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas de energía privatizadas durante los ’90 expresaron –una vez más- su rechazo a la venta de las acciones que el Estado Nacional aún posee en Transener S.A., la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país. Los colectivos de ex trabajadores de SEGBA, Agua y Energía Eléctrica (AyEE) e Hidronor advirtieron que «el gobierno nacional avanza en el despojo de la empresa para su privatización total» y reclamaron que «se salde la deuda con los trabajadores y se proteja el patrimonio nacional».
En paralelo, el diputado nacional Juan Marino (del espacio Unión por la Patria) presentó, en febrero, en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que propone rechazar «cualquier intento de venta de las acciones de Transener en poder del Estado Nacional«, recordando que el artículo 6° de la Ley 27.574 prohíbe la enajenación de activos estratégicos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) sin autorización legislativa. El proyecto también exige que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un informe detallado sobre la composición accionaria actual, los fundamentos técnicos o económicos que justificarían la venta y el impacto que tendría en la seguridad energética nacional.
El comunicado de los trabajadores remarca que Transener «se crea con los activos de las originarias empresas de energía SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica privatizadas a partir de la venta y concesión del patrimonio del Estado», recordando que, a la par de ese proceso, quedó pendiente el cumplimiento del Programa de Propiedad Participada (PPP) que debía garantizar una participación accionaria a los empleados en actividad al 16 de enero de 1992.
Proyecto
Finalmente, los trabajadores propusieron la creación de un fondo que, a partir de los beneficios de las acciones que ENARSA mantiene en Transener, permita saldar la deuda histórica con las y los trabajadores afectados por las privatizaciones. «Que se salde la deuda con los trabajadores y se proteja el patrimonio nacional», concluye el comunicado que acompaña la difusión del proyecto parlamentario impulsado por Marino.