🔵ATE intimó judicialmente al Gobierno para que deje sin efecto la Resolución 213/2025 del INTI. El gremio advirtió que la medida desarticula el Programa de Metrología Legal, pone en riesgo puestos de trabajo y afecta controles clave que impactan de manera directa en la vida cotidiana de la población🔴
La Asociación Trabajadores del Estado envió una carta documento al Consejo Directivo del INTI en la que exige que se deje sin efecto la Resolución 213/2025 y que no se apliquen sus directivas. En el texto, el sindicato sostiene que la norma es ilegal, carece de razonabilidad y vulnera normas de jerarquía superior, además de afectar funciones centrales del organismo vinculadas al control metrológico.
Desde ATE denunciaron que la resolución encubre un proceso de vaciamiento del Instituto y un intento de privatización de una de sus áreas más sensibles. “El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
El Programa de Metrología Legal cumple un rol clave en la vida cotidiana, ya que controla instrumentos como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales, los alcoholímetros, los cinemómetros y distintos equipos médicos. Con la resolución cuestionada, el INTI deja de realizar tareas de aprobación de modelos y de certificación del correcto funcionamiento de estos instrumentos, lo que, según el gremio, expone a la comunidad a situaciones de inseguridad en las mediciones.
“Esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro”, advirtió Aguiar.
Según informó ATE, del área de Metrología Legal y de sus tareas asociadas dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias, cuyos puestos quedaron en riesgo tras la publicación de la resolución. Frente a este escenario, el sindicato anunció que realizará plenarios y asambleas para definir un plan de acción hasta lograr que la medida sea derogada.