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Audio. La nueva estafa y el guiño del Gobierno a uno de sus mayores aportantes: la industria farmacéutica

🔵En medio de la controversia y las críticas, el Gobierno ha emitido un nuevo DNU que permite a los médicos recetar marcas en lugar de medicamentos genéricos🔴

Lo resuelto por el Gobierno nacional ya está violando así la ley que promueve la competencia justa y la accesibilidad a tratamientos para todos los ciudadanos. Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), disparó en contra de esta medida, denunciando que es un negocio en favor de las industrias farmacéuticas más poderosas, aquellas que invirtieron millones de dólares en la campaña electoral y que hoy les dio a un Presidente amigo.

El DNU 63/24, que generó un profundo malestar en el sector sanitario, amplía el campo de acción de las grandes empresas farmacéuticas al permitir que se receten marcas en lugar de drogas específicas. Según Peretta, esto no solo representa un peligro para la competencia leal, sino que también es una estrategia para beneficiar a las compañías con mayores recursos económicos.

Lo más preocupante de este decreto es que, en caso de que un farmacéutico decida vender una marca diferente a la recetada, se generaría una auditoría. Esto, según los redactores del DNU, podría alterar el proceso clínico y el tratamiento del paciente. Sin embargo, como señala Peretta, lo que realmente importa es la eficacia de la droga y no la marca en sí misma. Hasta la fecha, no ha habido denuncias en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que respalden la modificación de la ley en este sentido.

Estamos frente a una estafa mayúscula de los laboratorios“, denuncia Peretta. Y es que detrás de esta medida parece esconderse un interés claro en favorecer a las grandes corporaciones farmacéuticas.

Un dato revelador arroja luz sobre los posibles intereses que se ocultan tras este polémico decreto: el Gobierno y su compromiso parecen orientarse hacia el beneficio de los laboratorios agrupados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos –CILFA-. Esta cámara, que ha invertido sumas millonarias en la campaña presidencial y mantiene estrechos vínculos con figuras clave del Gobierno (Ministerio de Justicia en modo “roommate”), parece ser la beneficiaria principal de esta medida.

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