🔵La Declaración de Mendoza 2024, realizada en un contexto federal y por el colectivo Abogados x Argentina, muestra un nuevo avance y transformación del Sistema Judicial con una visión sindicalizada de la actividad🔴
Desde hace un tiempo a esta parte, la abogacía comenzó a organizarse desde sus bases, al principio en soledad y con intenciones concretas de darle otro perfil a una actividad que no se la pensaba con demandas y exigencias. Paradójicamente, una de las profesiones más antiguas del escenario laboral giró hacia la sindicalización y al perfeccionamiento de la defensa de sus propios derechos. Esto comenzó a darse desde los organismos estatales y actualmente, ya las colegiaciones se superaron para transformarse en organizaciones que velan y protegen los derechos de los y las letradas, y dentro de los mismos, agrupaciones que actúan como si fueran un gremio dentro de un Colegio.
La semana pasada, en la provincia de Mendoza, se llevó adelante la “Jornada Nacional de Abogados x Argentina”, un encuentro donde se colocó en relieve la actividad y ciertas modalidades que los matriculados pelean por modificar dentro de la actividad. El documento final estuvo respaldado por letrados de muy variada procedencia política y participación geográfica y de alta exposición e influencia dentro del sistema como Alberto Maques, Daniel Angelici, Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Tamarit, Verónica Flor, Alejandra Ferrero, Marcelo Meis, Alberto Biglieri, Marisa Boquete, Horacio Fahey, Silvia Bianco, Romina Altamiranda, Daniel Burque Juan Manuel Fascia y Silvina Martinez, Tomas Hutchinson y Ezequiel Cassagne, entre otros.
En este contexto, publicaron la denominada «Declaración de Mendoza 2024», la refleja y plantea una serie de inquietudes y propuestas por parte de abogados y abogadas de todo el país. Allí, los profesionales desarrollaron un diagnóstico del sistema judicial argentino, con profundas deficiencias estructurales que afectan tanto a los trabajadores del derecho como a la población en su conjunto al momento de requerir los servicios del sistema. Entre los problemas más destacados se encuentran la falta de cobertura de vacantes judiciales, la lentitud procesal y el acceso desigual a la justicia, entre otros tantos, lo que ha llevado a una crisis de confianza en el sistema judicial.
La Declaración identifica varios problemas críticos: la ineficiencia en la administración de justicia, el déficit en la formación continua de abogados, la falta de inclusión y diversidad en la magistratura y la baja integración de tecnologías modernas.
Propuestas
El documento propone ejes entre los cuales se destacan la agilización de la cobertura de vacantes judiciales, el fortalecimiento de la formación continua en áreas emergentes como el derecho digital e inteligencia artificial, y la creación de políticas para asegurar un acceso igualitario a la magistratura.
Además, aboga por la modernización del sistema judicial a través de la implementación ética de tecnologías y propone una mayor atención a los grupos vulnerables, con la expansión de centros de asesoramiento legal y el fortalecimiento de la justicia comunitaria en áreas rurales.
Con esta declaración, la abogacía argentina da un nuevo paso importante hacia un esquema vinculado a la sindicalización y la organización profesional, contribuyendo a la mejora del sistema judicial en beneficio de toda la ciudadanía.