El radicalismo de Cambiemos, un día pasada la marcha de Camioneros, saca a la luz un proyecto para que los dirigentes sindicales presenten sus declaraciones juradas. El diputado Luis Petri menciona el cupo femenino, los estatutos y pone a los sindicalistas, en el mismo lugar jurídico que los funcionarios.
El diputado radical en Cambiemos, Luis Petri, presentó un proyecto para que dirigentes sindicales deban presentar sus declaraciones juradas y los equipara en cuanto a una eventual pena, a funcionarios públicos. Un camarista laboral recordó que lo más cercano a esto es el facismo de Mussolini.
El proyecto pone a los sindicatos dentro de una órbita que pertenece al Estado, o al menos lo reza en una de sus líneas: “cumple funciones para-estatales”, lo cual se aleja bastante de la realidad. La idea del legislador es que se deben prevenir “prácticas poco transparentes y garantizar el interés social en la probidad en el manejo de fondos de terceros”, aunque siendo este un ámbito independiente del Estado, solo la Justicia puede intervenir (aunque muchas veces no sucede).
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Otro de los puntos que menciona el plan del mendocino radical –pero parte del interbloque Cambiemos- es que se debe establecer “un cupo de un mínimo del 30 por ciento de mujeres en las listas sindicales, pero sugiere que si la cantidad de mujeres en el gremio “es menor a esa cifra, el cupo será del porcentaje que representen”. Lo curioso también de la mención, es que esto ya se practica en la actualidad, ya que existen sindicatos que por cuya actividad, es muy reducida la porción de mujeres que posee en su plantel de representadas. Un ejemplo de ello es Camioneros, gremio el cual tiene pocas afiliadas trabajadoras, a excepción de las que se desempeñan en el gremio o alguna empresa de transporte. Además, y no es un detalle menor, el Gobierno está imposibilitado de inmiscuirse en las elecciones de los gremios. Este ya lo había intentado cuando le envió –el ministro Triaca- una lista de “recomendaciones” a la CGT, en las que incluía, entre otras cosas y entre ellas las mujeres- el voto electrónico.
Matias Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, estuvo a favor de “las políticas de transparencia”, pero a la vez sostiene que “la tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales se enmarca en el contexto actual de enfrentamiento del Gobierno con el movimiento obrero y no en una voluntad de transparencia”. “Ya existen tanto en el Código Penal como en la Ley de Asociaciones Sindicales los mecanismos para garantizar que no haya corrupción y para perseguir otros tipos de delitos. Hoy es delito la corrupción para los sindicalistas, como también lo son las dádivas cuando las paga un empresario. Pero se sigue persiguiendo solo a un sector”, indicó al matutino Pagina 12.
Cremonte señaló a la vez la curiosidad que el proyecto de ley de Petri “no incluya a los empresarios o, al menos, a los dirigentes de las cámaras empresariales, que son la representación de un sector social. Se insiste en el intervencionismo estatal en el movimiento obrero y en el abstencionismo en el mundo empresarial”.
Por último, el juez camarista laboral Enrique Arias Gibert puntualizó que “si hay un antecedente en el derecho comparado es el fascismo. En el fascismo los sindicatos formaban parte del Estado. Lo que hace Mussolini es justamente eso: la organización corporativa en la que las organizaciones gremiales pasan a ser parte del bien común que administra el Estado totalitario”. “Desde el punto de vista penal, hay algo que está muy claro: los sindicatos son órganos de derecho privado. Esto lo plantea tanto la Constitución nacional como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical. Esto va en contra de esas normas y de una organización libre y democrática de los sindicatos. Una ley así daría vuelta de cabeza el derecho”, avisó al mismo medio.