La Confederación General del Trabajo expresó su repudio a las escuchas ilegales que se efectuaron contra dirigentes políticos, sindicales, periodistas, académicos y referentes sociales durante la gestión Cambiemos y “expresamos nuestro apoyo al juez Federico Villena, a cargo de la causa”
La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) manifestó públicamente por medio de un comunicado oficial “su más absoluto repudio a las prácticas de supuestos espionajes ilegales realizados durante la gestión de gobierno del ex Presidente Mauricio Macri y de las que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, académicos y referentes sociales”.
En este contexto y ante los hechos de público conocimiento y antes mencionados desde la entidad madre de todo el movimiento obrero manifestaron toda la “solidaridad con quienes han padecido estas prácticas, que violan el más elemental derecho a la privacidad de las personas, vulneran las garantías constitucionales y atentan contra la democracia y el estado de derecho”.
“Destacamos el valor de la denuncia que sobre este tema realizaron las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se corresponden con la transparencia y el rol que dicho organismo debe cumplir en el ejercicio de sus facultades, ajustadas al derecho y a la garantía de los valores democráticos y expresamos nuestro apoyo al juez Federico Villena, a cargo de la causa, en quien confiamos llevará adelante las investigaciones que determinen las responsabilidades de todos los involucrados en la causa hasta las últimas consecuencias”, señalaron desde la Calle Azopardo.
En el documento, la centra también marcó postura en relación a los hechos: “El espionaje interno y las operaciones de inteligencia a ciudadanos y dirigentes políticos están prohibidos por la ley y constituyen un gravísimo atropello a la integridad personal, contraria a la vigencia de los derechos y los valores de la democracia”. Y afirmaron: “La CGT denunciará siempre estas conductas provengan de donde provengan, y reclamamos una investigación seria con sanciones severas a quienes las cometan”.
Para finalizar, expresaron que “El fortalecimiento de las instituciones en el marco de la democracia y del respeto a las garantías constitucionales, no es compatible con fuerzas de seguridad u organismos dependientes del Estado que impongan, o pretendan imponer, mecanismos de control social cuyo fin sea perseguir o atentar contra la pluralidad de ideas, la diversidad política, el pensamiento crítico ni la libertad de expresión”, concluyo el comunicado.