🔵La denuncia por “asociación ilícita” contra trabajadores del subte, vinculada a medidas gremiales de 2024 y 2025, profundiza el conflicto en el sector. La CATT se sumó al respaldo sindical y crece la tensión ante posibles medidas de fuerza🔴
El conflicto en el subte porteño escaló tras la denuncia del Gobierno de la Ciudad, SBASE y la concesionaria Emova contra 170 trabajadoras y trabajadores, acusados bajo la figura de “asociación ilícita”. La causa, impulsada por la fiscal Celsa Ramírez, traslada la disputa gremial al plano judicial y eleva la tensión en el sector.
Según se desprende de la presentación, la acusación está vinculada a medidas gremiales desarrolladas entre 2024 y 2025, incluyendo paros y acciones sindicales impulsadas por la AGTSyP, tanto de manera autónoma como en articulación con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.
Desde el gremio rechazaron la imputación y denunciaron un intento de criminalizar la protesta sindical, al considerar que se busca encuadrar acciones propias del conflicto laboral dentro de una figura penal. En ese marco, declararon el estado de alerta y movilización.
El conflicto se inscribe en una relación tensa entre la empresa concesionaria y los trabajadores del servicio, con antecedentes recientes de medidas de fuerza y reclamos vinculados a condiciones laborales. La intervención judicial agrega un nivel de complejidad, al exponer a los involucrados a posibles consecuencias penales.
En las últimas horas, la CATT se sumó a la pelea y advirtió sobre un “nuevo intento de criminalización de la protesta sindical”. La organización que tiene a Juan Carlos Schmid como cabeza señaló que la denuncia constituye “un grave antecedente en materia de persecución sindical”, al judicializar acciones gremiales consideradas legítimas.
Además, la organización ratificó su compromiso de acompañar los reclamos del gremio del subte –organización confederada- y de defender la libertad sindical, el derecho a huelga y los derechos constitucionales de los trabajadores, en línea con el posicionamiento del conjunto del movimiento obrero.
En este contexto, la AGTSyP convocó a una conferencia de prensa para el miércoles 6 de mayo a las 10 en su sede de Carlos Calvo 2365, donde informará sobre la causa judicial y los pasos gremiales, legales e institucionales a seguir. No se descarta el anuncio de medidas de fuerza que podrían impactar en la prestación del servicio. Como antecedente, desde el gremio recordaron que en 2018 la misma fiscal había impulsado una denuncia similar, que fue desestimada por la Justicia.
