La iniciativa impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron facilita el despido con una extrema reducción de las indemnizaciones. Los sindicatos ya mostraron su desacuerdo y encabezaron una primera marcha de protesta, en París.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, impulsa una reforma laboral basada en el contenido de cinco decretos que tiene como objetivo aligerar una reglamentación que las empresas juzgan demasiado compleja, a riesgo de disminuir los derechos de los trabajadores, como denuncian los sindicatos.
La Confederación General del Trabajo francesa rechazó la modificación y el pasado 12 de septiembre encabezó una movilización con el apoyo de unas 400 mil personas, donde se registraron incidentes con la policía de París.
Si bien el sindicalismo se opone a la reforma, de la protesta en las calles parisinas solo participó la CGT, que tiene como secretario general a Philippe Martínez. El dirigente consideró días atrás al cambio como «una regresión social». «Los temores que teníamos se han visto confirmados. Es el fin del contrato laboral», afirmó. Como contrapartida, el frente Fuerza Obrera, no participó de la marcha pero su dirigente principal Jean-Claude Mailly admitió que restan puntos de desacuerdo. Mientras, la organización Medef, no desaprobó totalmente el cambio pero también mostró decepción con algunos ítems.
Claves de la reforma laboral impulsada por Macron:
En el caso de un litigio por despido improcedente, las indemnizaciones establecidas por los tribunales tendrán un tope de tres meses de salario para un empleado con hasta dos años de antigüedad. Hasta ahora, el máximo era de seis meses. De ese modo, la ley aumentaría progresivamente hasta los 20 meses de salario si la antigüedad en la empresa es de más de 30 años. Además, el Gobierno elevó un 25% el resto de indemnizaciones. Eso significa que la compensación legal por despido será una cuarta parte del salario mensual por cada año trabajado, en vez de la quinta parte establecida por la ley actual.
La negociación en las pymes también merece un punto dentro de estos cambios por permitir que los dueños de los emprendimientos que tengan menos de 50 trabajadores, negocien directamente con sus empleados las condiciones laborales, sin necesidad de que haya un delegado sindical. Según la administración francesa en este tipo de empresas apenas hay delegados, lo que obliga a respetar los acuerdos sectoriales. De ese modo, la medida confronta con el actual arco gremial.
La ley macronista, a su vez, propone un único organismo de representación de los obreros, que se llamaría Comité Social y Económico, para sustituir al Comité de Empresa y a los delegados en las empresas con más de 50 trabajadores. Esta instancia reclamada por la patronal podrá negociar acuerdos cuando no existan delegados sindicales y tendrá derecho de veto en temas relacionados con la formación profesional.
Por su parte, la trasformación del régimen de trabajo cambiaría el perímetro de los despidos colectivos ligados a la crisis ya que actualmente para lanzar un plan de reestructuración que enfrente los problemas financieros de una multinacional francesa había que tener en cuenta su situación en todos los países donde estaba presente. El nuevo estatuto establece que la empresa pueda hacerlo si comprueba que la firma atraviesa dificultades en Francia.
En tanto, las garantías sindicales serían otras. El Gobierno tiene en vista la creación de un observatorio que observe la negociación colectiva de los acuerdos para seguir a las empresas cuando negocien las condiciones con los empleados. A esto se suma que para su validación, los acuerdos empresariales deberán ser aprobados con el 50% de los votos y no con el 30% como hasta ahora. Los acuerdos sectoriales se ven igualmente reforzados en varios ámbitos, por ejemplo en la duración de los contratos temporales.