🔵La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fortalece el reclamo de docentes, no docentes y estudiantes, y representa un nuevo revés judicial para la administración de Javier Milei🔴
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que ordena cumplir con los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y recomponer las becas estudiantiles mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró improcedente el planteo del Ejecutivo por no tratarse de una sentencia definitiva, por lo que la cautelar continúa plenamente vigente.
El fallo representa un fuerte respaldo a la ley sancionada por el Congreso y un nuevo revés para la estrategia judicial del Gobierno, que buscaba suspender la aplicación de la norma mientras avanzaba el litigio.
En la práctica, la decisión judicial refuerza la obligación del Estado de garantizar la actualización de los salarios universitarios conforme a los criterios establecidos por la ley, un reclamo sostenido desde hace meses por los sindicatos docentes y no docentes, que denuncian una pérdida constante del poder adquisitivo frente a la inflación.
La resolución también impacta sobre las becas universitarias, cuya recomposición forma parte de los artículos alcanzados por la cautelar y constituye otro de los puntos centrales del conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario.
Si bien en los últimos días el Ejecutivo había alcanzado un acuerdo parcial con los rectores para actualizar parte de las partidas presupuestarias y de los salarios, la decisión de la Corte mantiene vigente la obligación de cumplir íntegramente con lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, un esquema que los gremios sostienen ofrece una recomposición superior a la acordada administrativamente.
El fallo no resuelve todavía la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad y aplicación definitiva de la ley, pero sí garantiza que sus principales disposiciones continúen vigentes hasta que exista una sentencia definitiva.
Para el sistema universitario y las organizaciones gremiales, la decisión constituye un respaldo institucional a los reclamos por el financiamiento de las universidades públicas y por la recuperación de los salarios de miles de trabajadores docentes y no docentes, en un contexto de fuerte tensión presupuestaria entre las casas de estudio y el Gobierno nacional.
