Por Rubén Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de Abogado del Estado.
La pandemia mundial ha provocado un notorio optimismo en aquellos que reclaman una reconfiguración del Estado, lo que equivale a redefinir sus roles hacia políticas proactivas en áreas como la salud, la educación, el desarrollo social y otras que se consideran estratégicas para construir una sociedad más justa y equitativa.
Guiados por ese optimismo, muchos consideran que tales transformaciones constituirán un hecho inexorable y natural, sin advertir que esos objetivos y reivindicaciones no serán posibles sin una labor militante y perseverante del campo popular en su conjunto.
Durante los últimos cuarenta años la economía capitalista fue desarrollándose bajo paradigmas tales como Estado mínimo, sociedad de mercado y meritocracia que, junto al desmantelamiento sistemático del llamado Estado de Bienestar, provocó una desigualdad en la distribución del ingreso y una concentración de la riqueza como nunca antes se había visto desde la implantación de ese modelo económico.
La riqueza concentrada constituye hoy el soporte del poder político acumulado por los representantes de grandes corporaciones que enfrentan y condicionan a los gobiernos, convirtiendo al sistema democrático basado en la soberanía del pueblo en un valor meramente simbólico y vacío de contenido.
Bajo el lema recurrente de la eficiencia, muchas de las actividades que prestaba el Estado de Bienestar pasaron a manos privadas, creando un entramado de empresas comerciales, industriales y financieras de tal magnitud cuyo poder político les permite contar con funcionarios, legisladores, medios y hasta jueces propios, que actúan a su servicio y en su resguardo.
La pandemia sirvió, por ejemplo, para desenmascarar los verdaderos intereses de la salud privada, dejando al descubierto su ineficacia a la hora de asistir en la emergencia.
En nuestro país, las organizaciones sindicales, con sus luces y sus sombras, han demostrado ser capaces de brindar a través de sus obras sociales servicios sanitarios a la altura de las demandas de sus trabajadores, por la simple razón que no las guía el lucro ni consideran a la salud como una mercancía.
Pero este solo hecho no alcanza para pretender el cambio que signifique un retorno inevitable a los roles que otrora desempeñaba el Estado: es una muestra que puede señalar el camino, pero para alcanzar tales cometidos será necesario enfrentar y quebrar poderosas resistencias de los sectores interesados, que cuentan con una ingente gama de recursos económicos, políticos y mediáticos.
También debemos ser conscientes que el reclamo de un “Estado presente” tampoco implica un regreso irrestricto a viejas fórmulas del pasado, pero sí a nuevas formas de presencia estatal recuperando en primer término su poder regulatorio y de control, tristemente avasallados durante el avance de un capitalismo desprovisto de toda humanidad.
Tampoco esos poderes de regulación y control deben ser privativos de un Estado hermético y plagado de tecnócratas que se arrogan soluciones en nombre del bien común, como ocurriera en el pasado, sino abiertos a la participación popular con representación de los intereses comunitarios que cuenten con acceso a información pública y precisa.
Por eso, los trabajadores agremiados, las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, industriales y comerciales nucleadas bajo sus respectivas cámaras, así como las demás organizaciones libres del pueblo, están llamadas a encabezar la contienda en la búsqueda del restablecimiento de un nuevo equilibrio equitativo entre los factores de la producción y el respeto por el trabajo humano y digno, desterrando lo que el Papa Francisco caracterizó como la “cultura del descarte”.