🔵El Bloque Nacional de Seguridad anunció una movilización desde las 11 a la Superintendencia de Salud por la “crítica situación en OSPSIP”🔴
El bloque en mención está integrado por el SUTCA, que conduce Christian López, y un sector de la oposición de UPSRA, encabezado por Leónides Requelme, y que en conjunto confeccionan un sector que busca representar al total de los trabajadores de la Seguridad Privada. El dilema comenzó con la intervención de la obra social en abril de 2021.
Alberto Fernández, como presidente de la nación, la ministra de Salud Carla Vizzotti y el entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, decretaron la intervención de la obra social de los trabajadores de seguridad privada, OSPSIP, a través del DNU decreto 264/21, por supuestas irregularidades en sus prestaciones y actuación institucional.
Argumenta en los fundamentos del mismo, que la obra social registraba “un importante atraso en las presentaciones que debía cumplir, desoyendo los reiterados reclamos y citaciones que le efectuaran”; que además “en lo referente a las auditorías practicadas, no se habían podido establecer conclusiones, en razón del atraso en las registraciones contables, donde todos los movimientos eran llevados en forma extracontable y bajos mínimos y/o nulos circuitos de control”. “Que en el período comprendido entre el 1º de enero y el 17 de agosto de 2020 se tramitaron un total de 145 reclamos de beneficiarios, teniendo por objeto la problemática prestacional, irregularidades de afiliación, reclamos por medicación. Y allí, habla de falta de entrega de medicamentos oncológicos y de patologías crónicas como diabetes e hipertensión arterial, entre otras.
👨⚖️ Situación judicial
La causa 36154/17 “García, Ángel Alberto y otros/defraudación por administración fraudulenta”, es la que investiga las supuestas irregularidades en la obra social y, denuncian desde el Bloque de Seguridad Nacional, “pese a todas las pruebas referidas por la máxima autoridad nacional, y corroboradas por el interventor dispuesto por la Superintendencia de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, quien en declaraciones públicas reconoció el faltante de $1.000 millones, a más de un año de dicho trámite, los responsables del vaciamiento en la prestadora de salud no han sido procesados, por el contrario, continúan manejando los aportes sindicales de los vigiladores y aún son sostenidos por un sector judicial y político”.
“La situación se agrava aún más ya que a pesar de la intervención, OSPSIP continúa con distintas deficiencias que impiden que los trabajadores de seguridad obtengan una normal cobertura médica, en especial a aquellos que han ingresado a la actividad durante el último año quienes están obligados por otro decreto presidencial a permanecer en la obra social de la actividad sin tener posibilidades de optar por otra prestadora de salud”, denuncian en conjunto López y Requelme.