🔵El DNU 198/2025 habilita la venta total de la empresa estatal de rampas. UPSA y APA observan con preocupación el proceso y apuntan contra la falta de diálogo por parte del Gobierno: “No vamos a negociar a los laburantes”, advirtió el gremio de Rubén Fernández🔴
El Gobierno nacional oficializó el proceso de privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada del servicio de rampa en la mayoría de los aeropuertos del país. A través del DNU 198/2025, publicado en marzo, se autorizó la venta del 100 % del paquete accionario mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, con un plazo de ocho meses para concretar la operación.
La normativa instruye a la Secretaría de Transporte a llevar adelante la gestión del proceso licitatorio, con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y establece que la transacción deberá realizarse por medio de la plataforma CONTRAT.AR. Según el texto oficial, el objetivo es “mejorar la competitividad del sector, fomentando mayores inversiones en infraestructura y una oferta de servicios de mejor calidad tanto para las líneas aéreas como para los pasajeros”, algo así como la nada misma.
Frente a este avance, el movimiento sindical aeronáutico comenzó a activar alertas legales e institucionales. APA presentó una acción de amparo ante la Justicia solicitando una medida cautelar para frenar la aplicación del decreto. Mientras tanto, UPSA se mantiene en estado de seguimiento activo del proceso, advirtiendo sobre el impacto que podría tener la privatización sobre los trabajadores. “No vamos a negociar a los laburantes”, advirtió el gremio que lidera Rubén Fernández.
Desde UPSA consideran que la iniciativa fue lanzada sin instancias de dialogo ni participación gremial. Si bien el decreto prevé que la privatización se realice con la “totalidad de los trabajadores adentro”, los sindicatos del sector mantienen cierta duda sobre la voluntad del Poder Ejecutivo y advierten ante la estabilidad laboral futura y el mantenimiento de las condiciones.
En ese marco, desde el sector gremial también cuestionan la falta de interlocución por parte del Poder Ejecutivo y remarcan que, más allá del traspaso accionario, no están dispuestos a negociar bajo presión ni a resignar condiciones laborales en pos de una operatoria privatizadora lanzada de manera unilateral. La situación se encuadra en un clima de creciente conflictividad en el sector aerocomercial, que ya viene manifestando reclamos por recomposición salarial y condiciones de empleo.