El Gobierno lanzó un misil más en su pelea contra los metrodelegados y esta vez le ordenó a todas las entidades bancarias que desistan de debitar los aportes de las cuentas sueldo destinado a asociaciones sindicales. En criollo, prohibió que las instituciones financieras le giren a los sindicatos la cuota gremial. Esto se debe a una iniciativa de la empresa Metrovías.
Un expediente ingresó en las últimas horas al Ministerio de Trabajo y este lo giró al Banco Central en tiempo record y al instante, la Casa Madre emitió una Circular destinada a todos los bancos comunicandoles que “bajo ningún concepto” las entidades bancarias pueden autorizar débitos de las cuentas de sus clientes que estén destinados a asociaciones sindicales.
Según cuenta el abogado laboralista Guillermo Gianibelli, “el trámite, según lo indica la providencia firmada por un empleado que de ahora en más no podrá sostener la mirada, es como consecuencia de una consulta efectuada por la empresa Metrovías”. Y sigue: “Dicha presentación es, no obstante, una pieza del teatro del absurdo. Al tiempo que consulta sobre los débitos de las entidades bancarias que “estarían” realizándose de la cuenta sueldo de los trabajadores en concepto de cuota sindical a favor de “una” entidad sindical, aclara que la empresa no toma intervención alguna en ello – como es obvio – y que la misma sólo retiene cuotas sindicales a través de los recibos de sueldo. ¿Para qué consulta entonces?”
Tanto el Gobierno nacional como el Autónomo porteño han iniciado un embate contra las asociaciones sindicales opositoras y en este curso, rompe el tablero con una carta sensible.
Gianibelli dice que “más allá del disparate, lo que hay es una demostración más de la decisión estatal de arrasar con una experiencia sindical inédita, la que constituye un ejercicio permanente y eficaz de representación, en este caso de los trabajadores del Subte”, a la vez que remata: “Desde que se inició el conflicto dicho aparato ha dispuesto: a) la suspensión de trabajadores que hacen huelga; b) el pedido de desafuero de decenas de representantes sindicales; c) la intervención de la policía de la ciudad reprimiendo en el lugar de trabajo; d) la detención de 16 trabajadores, incluido el Secretario Adjunto de la AGTSyP; e) la provocación por parte de la empresa de seguridad privada del Subte en el momento de una acción gremial y con ello la excusa para despedir a tres dirigentes del sindicato; f) la negativa del gobierno de la Ciudad a continuar la negociación paritaria que venía teniendo lugar, en sus mismas dependencias y ante sus propios funcionarios, una semana antes que comenzara el conflicto; g) la inspección del local sindical por parte del gobierno de la Ciudad, en vez de hacerlo en los talleres clandestinos en los que se explota trabajadores y todos conocen; h) la prohibición para que los afiliados al sindicato aporten su cuota mediante el débito de su cuenta bancaria, intentando con ello la asfixia económica del gremio; i) la imposición de una cuota del 1% de los salarios de los trabajadores afiliados a la AGTSyP a favor de otro sindicato; j) la resolución de un expediente del año 2013, resuelto también en dos días, por el que se pretende cuestionar la cantidad de delegados que corresponden a la AGTSyP.
Esto ya se ha transformado en una cuestión sindico-personal del Estado contra la figura de Roberto Pianeli y la tropa gremial del Subte y plantea cuestiones hasta de ilegalidad absoluta para intentar desgastar al sindicato, y no es la primera vez ni el primer actor con el que lo hace. Los metrodelegados aun no han salido a responder, pero se estima que en breve se lance una contraofensiva en los túneles de la Ciudad de Buenos Aires.