Luego de la decisión de la Suprema Corte de solicitarle al Ejecutivo la creación de organismos judiciales, Sonido Gremial se comunicó con Pablo Abramovich, secretario general de la AJB, y el judicial junto con los principales actores sindicales, elaboró un análisis sobre lo que la organización enrolada en la CTA Autónoma reclama hace ya un tiempo a la fecha.
En línea con las denuncias que viene realizando la Asociación Judicial Bonaerense sobre la situación de colapso estructural del Poder Judicial provincial, la Suprema Corte dictó recientemente la Resolución 1640/19 por la que se reclama a los poderes Ejecutivo y Legislativo la urgente creación de organismos judiciales. También la Corte provincial propone la transformación de fuero o jurisdicción de un número de dependencias creadas por ley y que aún no han sido puestas en funcionamiento, así como una mayor inversión en infraestructura.
La resolución del máximo tribunal provincial retoma las denuncias que viene realizando la AJB en torno a la crisis estructural que está atravesando la Justicia bonaerense por la falta de creación de nuevas dependencias, el congelamiento de personal y la desinversión en infraestructura edilicia, en un contexto de fuerte crecimiento de la litigiosidad en la gran mayoría de los fueros. Para tomar un ejemplo, en el fuero de Familia sólo en los últimos 3 años la cantidad de causas ingresadas se incrementó en un 34%.
Asimismo, el reclamo de la Suprema Corte reconoce la irracionabilidad que atraviesa a las decisiones de creación de nuevos juzgados, fiscalías o departamentos judiciales, las que habitualmente no obedecen a parámetros objetivos -como la litigiosidad o la sobrecarga laboral que padecen ciertos fueros y jurisdicciones-, sino a determinantes ligados con intereses político partidarios de los gobiernos de turno y de las distintas fuerzas en la Legislatura provincial.
En desacuerdo con esa costumbre que, entre otros factores, viene impidiendo el mejoramiento de la respuesta del Poder Judicial a las necesidades de la ciudadanía, la AJB planteó un serio cuestionamiento conformación de la Comisión del Mapa Judicial, creada por ley 15.044 con el objetivo declamado de dotar de racionalidad al proceso legislativo de creación de dependencias y departamentos judiciales. Curiosamente, el gremio judicial fue excluido de los integrantes de la Comisión, a la que sí se incorporaron los mismos actores que durante décadas vienen negociando a espaldas de la ciudadanía las decisiones fundamentales sobre el sistema judicial y que colaboraron con el actual colapso.
En síntesis, el gremio judicial considera saludable la decisión de la Suprema Corte de potenciar el debate que viene impulsando la AJB sobre las necesidades acuciantes del Poder Judicial, en un contexto en que el Ejecutivo produce un ajuste estructural de las partidas presupuestarias imprescindibles para lograr soluciones de fondo, a la vez que promueve reformas judiciales inconsultas y de neto corte electoral, que no sólo fracasarán en sus objetivos sino que contribuirán a empeorar aún más el funcionamiento de una Justicia que en la actualidad atraviesa una de sus peores crisis.
Para tener resultados diferentes, es necesario abordar la decisión política de invertir seriamente los recursos suficientes para el mejoramiento de la Justicia, y a la vez avanzar hacia un proceso de democratización de las decisiones sobre el sistema judicial –selección y destitución de magistrados, mapa judicial, reformas procesales-, incorporando al debate a las y los trabajadores judiciales, organismos de derechos humanos, organizaciones representativas de la ciudadanía e instituciones especializadas en el estudio del sistema judicial.