Los Judiciales de la Ciudad Autónoma, a partir de ayer, poseen una reglamentación que les da a las personas víctimas de violencia de género una licencia por 60 días.
Vanesa Siley, ante una multitud de judiciales en el Día de la Mujer, anunció que recientemente acababa de firmar la incorporación de un artículo que incluye licencia por violencia en la actividad judicial.
“Firmamos la incorporación de un articulo, que crea la licencia por violencia de género en el Poder Judicial de la Ciudad”, gritó la secretaria general del Sitraju-CABA. La normativa se agregó al Convenio Colectivo de Trabajo.
La denominada formalmente Licencia de Protección Integral para el/la Trabajadora que Sufra Violencia de Género y/o Familiar contempla una anuencia de 60 días, con posibilidad de una prorroga por el mismo tiempo. Además, 15 jornadas al año justificadas, en el caso que la persona afectada deba realizar trámites o declaraciones en relación al episodio sufrido.
El acuerdo tiene la particularidad –igual de importante que la normativa general- que incluye al campo familiar de un/una trabajador/a. Esto contempla a niños y niñas, personas mayores, y demás núcleo cercano directo.
Otro de los puntos le suma la posibilidad a la persona damnificada de hacer uso de un derecho de solicitud de traslado de puesto laboral, ya sea para la víctima o para el agresor, si este es, por ejemplo, un compañero de trabajo, o su pareja trabaja con ella. “Intentamos poner el foco en que corran al agresor del lugar de trabajo, pero a veces no trabajas con esa persona pero te puede hostigar o perseguir”, destacaron desde el Sitraju-CABA.
Por último, el convenio también incluye que se socorra a la víctima con una ayuda económica, en el caso de que la misma deba o quiera mudarse de espacio de vivienda por miedo u otros daños colaterales al episodio de violencia. La ayuda será equivalente al último salario percibido.
Antecedentes:
En 2016, se había sancionado para los docentes porteños pero durante un año más, ese derecho no pudo ser utilizado por las mujeres ya que el Gobierno de la Ciudad no lo había reglamentado, lo cual finalmente hizo en septiembre de 2017.