Las empresas que cuentan con trabajadores de seguridad privada violan las normas de seguridad ante la crisis sanitaria de la Argentina y en especial, el SUTCA aplica medidas de protesta en Murata.
Los trabajadores de la Custodia privado no cesan en las denuncias contras las diversas empresas que violan las normas y protocolos de seguridad en la emergencia sanitaria y, además, el Decreto de Necesidad y Urgencia impuesto por el Gobierno Nacional.
El SUTCA realizó un relevamiento de las firmas en las que tiene representación gremial y encontró que en un 95%, las empresas no cumplen con las medidas de seguridad. Y dentro del 5% de las que se adaptaron al cuidado de sus empleados, no lo cumplen en la totalidad de los sectores.
Nota relacionada, publicada el 6 de marzo de 202.-
Los espacios de trabajo, según denuncian desde el gremio que conduce Christian López, no son desinfectados ni entregan los elementos de protección contra el Covid-19 Coronavirus.
La situación se agrava cuando se analiza específicamente el caso de la empresa macrista y financista de las campañas del PRO, Murata, en la cual hace 10 días despidieron a 7 trabajadores del ferrocarril luego de una protesta contra la negación de los directivos a cumplir con la Resolución 207/2020. “Siempre hicieron lo mismo, aplican políticas represivas, son siniestros”, dispararon desde el SUTCA en comunicación con Sonido Gremial.
“Liquidan de menos los sueldos, no te pagan las horas extras, siempre depositan de menos”, agrega Daniel Jacobsen, de la Secretaría de Prensa.
El DNU de Alberto Fernández licencia obligatoriamente a las personas mayores de 60 años y Murata lo “obliga” a ir a trabajar ya que caso contrario “se les permite faltar pero se les descuentan las horas, y después lo echa”.
Comunicado de prensa del SUTCA
Seguridad privada
Las empresas siguen violando masivamente las mínimas normas de prevención para el contagio y propagación del Coronavirus. Niegan las licencias comprendidas en el decreto 207/2020, obligan a trabajadores y trabajadoras a concurrir incluso siendo mayores de 60 años o tener enfermedades preexistentes. En muchos casos ilegalmente pretenden adelantar vacaciones y maliciosamente argumentan que las licencias son justificadas pero no pagas.
En casos extremos, como en el ferrocarril San Martín directamente despiden a los trabajadores que reclaman, como lo hizo MURATA.
Daniel Jacobsen
Secretario Nacional de Prensa
SUTCA