Los trabajadores del Instituto del Cine aseguraron que los cesanteados “figuraban para el Instituto como ´proveedores´ a pesar de que van a trabajar todos los días”. “Ni las gestiones anteriores ni la actual han dado una respuesta positiva a los reclamos de que se los regularizara”, aseguraron.
Los trabajadores del INCAA convocaron ayer a la comunidad audiovisual, estudiantes y trabajadores de otros organismos y movilizaron a las puertas del Instituto, ubicado en Lima 319, para exigir la reincorporación de los cuatro empleados despedidos.
“Las pruebas presentadas esta semana no dejan lugar a dudas de que se tratan de compañeros que realizan tareas habituales y permanentes y están capacitados para cumplirlas, por lo que dejar esas áreas sin ese personal atenta al normal desarrollo del organismo”, señalaron.
Según afirmaron desde ATE, “los cuatro despedidos tienen funciones específicas, habituales y permanentes: Pedro Jacomet (egresado de la ENERC) y Lucas Sierra, especialistas en sonido, trabajan en el área de Patrimonio, en donde realizan -entre otras tareas- la puesta técnica de diversos eventos del Instituto y en los festivales de cine que se realizan en todas las regiones del país. Maximiliano Rodríguez Siracusa (también egresado de la ENERC) es uno de los dos camarógrafos que tiene el INCAA y trabaja en la producción y planificación técnica del Centro de Producción Audiovisual, así como en el registro de los numerosos eventos. Ian Baena desarrolla sus tareas en el área de Tecnología e Informática, en donde soluciona los problemas técnicos de las computadoras de compañeros y compañeras de todos los edificios que componen el Instituto”.
Asimismo, señalaron que “las causas de sus despidos no se sostienen” y afirmaron que “todos ellos tenían una modalidad de contratación aún más precaria que los contratos de locación de obra, a través de los cuales el Estado empleador incurre en fraude laboral”.
A su vez, los convocantes remarcaron que los cesanteados “figuraban para el Instituto como ´proveedores´ a pesar de que van a trabajar todos los días”. “Ni las gestiones anteriores ni la actual han dado una respuesta positiva a los reclamos de que se los regularizara. Ningún trabajador (y tampoco ningún jefe de área) tiene la potestad de imponer y decidir sobre la manera en que se los contrata. La responsabilidad es de los funcionarios, del Estado empleador que precariza a las y los trabajadores violando sus derechos y dejándolos en situación de vulnerabilidad”, subrayaron.