🔵La dirigente nacional del gremio de Vialidad fue reelecta con un imponente porcentual y profundiza su distancia con el Gobierno nacional🔴
Graciela Aleñá continuará al frente del Sindicato de Trabajadores Vialeshasta 2030 en representación de la Lista Azul y Blanca “Resistencia Vial” tras un contundente respaldo en las urnas y nuevamente fue a fondo contra el desfinanciamiento de Vialidad Nacional.

Los trabajadores viales fueron a las urnas el pasado 4 de septiembre y con la dupla de conducción Graciela Aleña–Carlos Ordóñez respaldaron con el 99% de los votos al oficialismo en una elección que contó con la participación del 76% del padrón habilitado.
“La lucha continúa”, fue la frase de resistencia que utilizó Aleña para marcar el camino de los próximos cuatro años de mandato por delante en un contexto de abandono de las rutas nacionales y el vaciamiento del organismo.

Desde la asunción de Javier Milei en la Administración Nacional, Vialidad es víctima de una política que apunta directamente a correr al Estado del mantenimiento vial y abrirle la puerta al negocio privado. “La única política vial de este Gobierno es abandonar las rutas, desfinanciar Vialidad Nacional y entregar todo al sector privado. No existe un plan para mejorar la infraestructura ni para garantizar la seguridad de quienes transitan todos los días por las rutas argentinas”, disparó Aleñá tras el triunfo electoral.
“No vamos a permitir que destruyan Vialidad Nacional y después pretendan responsabilizar a los trabajadores por el estado de las rutas. Los recursos existen y tienen que volver a Vialidad para cumplir con la función para la que fueron creados”, agregó la integrante del Fresu.
Desde 2023, el Gobierno Nacional sostuvo la idea del desfinanciamiento de los organismo públicos y el achique fuerte del Estado, con miles de despidos en áreas clave y un fuerte reduccionismo de entidades como Discapacidad (el 3% incluido), el PAMI, el salario de las Fuerzas Armadas, las universidades, la educación y la Salud, entre otros sectores vitales. Como ironia de este proceso, anuncia permanentemente proyectos viales con inversión privada pero además, con un desmarque feroz de la política publica y buscan que las provincias se hagan cargo de los gastos, como si las rutas nacionales no fueran una inversión del Estado.

