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Graciela Aleñá salió al cruce de la privatización de rutas: “Quieren hacer negocio, les interesa cobrar peajes, no construir rutas”

🔵La dirigente nacional Graciela Aleñá denunció nuevamente que el Gobierno avanza con la entrega de más de 9.000 kilómetros de rutas al sector privado mientras desfinancia Vialidad Nacional, paraliza obras y traslada responsabilidades a las provincias🔴

El sindicato de los trabajadores de Vialidad Nacional rechazó con dureza la nueva etapa de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional y denunció que la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas busca convertir la infraestructura vial en un negocio basado en el cobro de peajes, mientras el Estado abandona su responsabilidad de garantizar caminos seguros y conectividad en todo el país.

Archivo Sonido Gremial: Aleñá sobre la privatización de las rutas. También, sobre las provincias y los gobernadores

Aleñá cuestionó que el Gobierno avance con las concesiones mientras desfinancia Vialidad Nacional y mantiene paralizada la obra pública. “La única política vial de este Gobierno es abandonar las rutas, desfinanciar Vialidad Nacional y entregar todo al sector privado”, sostuvo la dirigente, quien remarcó que el Congreso ya rechazó el intento de disolver el organismo.

Desde el STVyARA advirtieron además que la mayoría de los corredores concesionados contempla principalmente tareas de mantenimiento, sin obras de ampliación ni inversiones estructurales. “Les interesa cobrar peajes, no construir rutas”, afirmó Aleñá, y puso como ejemplo el Puente Rosario-Victoria, donde el peaje pasaría de $1.000 a $10.122,86. Para el gremio, los usuarios terminarán pagando dos veces: mediante el impuesto a los combustibles y nuevamente a través de los peajes.

El sindicato también denunció el intento de trasladar el costo del abandono estatal a las provincias mediante la transferencia de rutas nacionales sin garantizar los recursos necesarios. “Primero vacían Vialidad Nacional, después abandonan las rutas y finalmente pretenden que las provincias se hagan cargo de un problema que ellos mismos generaron”, cuestionó Aleñá, quien sostuvo que se trata de una estrategia para desligar al Estado de sus obligaciones.

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