🔵La iniciativa apunta a limitar y regular el comercio digital desregulado y la venta de mercadería sin controles, una de las problemáticas que el movimiento obrero señala como factor clave en la destrucción de empleo y deterioro de la producción nacional🔴
En medio de apertura de las importaciones, hecho que provoca un fuerte deterioro del entramado productivo y creciente conflictividad laboral en distintos sectores, se presentó en el Congreso un proyecto de ley de Transparencia del Comercio en Plataformas Digitales, orientado a regular la venta de productos a través del comercio electrónico y frenar la comercialización de mercadería ingresada de manera irregular al país, una práctica que impacta de lleno en la producción nacional y el empleo registrado.
La iniciativa es impulsada por Guillermo Michel y Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo de la nación y ambos diputados nacionales por Unión por la Patria. El proyecto recoge el guante de una preocupación puntual del movimiento obrero: la competencia desleal que ejercen productos sin trazabilidad ni controles, vendidos a través de plataformas digitales, y que terminan presionando a la baja la actividad industrial, los salarios y los puestos de trabajo.
El proyecto establece obligaciones concretas para las plataformas de comercio electrónico, que deberán verificar la identidad fiscal y comercial de quienes venden productos, exigir información clara sobre el origen de la mercadería y acreditar la legalidad del ingreso al país en el caso de bienes importados. Además, introduce el principio de responsabilidad solidaria, lo que implica que las plataformas no podrán desentenderse de las operaciones que facilitan y podrían ser sancionadas junto a los vendedores ante infracciones aduaneras, evasión tributaria o incumplimientos contractuales.
La iniciativa se liga directamente con la realidad que atraviesan numerosas industrias. Sectores como el textil, el calzado, la alimentación, la metalúrgica y el comercio vienen denunciando desde hace tiempo que el ingreso de mercadería sin controles, muchas veces canalizada a través de plataformas digitales, genera un escenario de dumping que vuelve inviable competir en condiciones normales. El resultado es conocido: caída de la producción, suspensiones, despidos y precarización laboral.
Ambos diputados aclaran que el proyecto no se presenta como una regulación contra el consumo ni contra el comercio electrónico en sí, sino como un intento de ordenar el mercado digital, fortalecer el rol del Estado, hecho indeseado por el Gobierno, y evitar que la desregulación funcione como un mecanismo de ajuste encubierto sobre los trabajadores y trabajadoras.