Incertidumbre sobre la intención y verdadero resultado del traspaso de las eléctricas a Ciudad y Provincia

Ya fue oficializado el control de las empresas eléctricas Edenor y Edesur a Ciudad y Provincia y llovieron las críticas y cuestionamientos por parte del sindicalismo. Macri tomó esta determinación para crear el EMSE.

El traspaso de Edenor y Edesur a un ente regulador por parte de Nación a Ciudad y Provincia de Buenos Aires, provocó una reacción generalizada del sector gremial, ya que de esta forma, Macri le cedió la administración y control a Larreta y Vidal (o Kiciloff a partir de diciembre).

El nuevo organismo, el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), estará integrado por un directorio con seis representantes: tres propuestos por la Ciudad de Buenos Aires y tres por provincia. Cada uno estará seis años en el cargo. Durante los primeros tres años, además, la Ciudad tendrá la facultad de elegir el director del EMSE, lo que le dará doble voto en el directorio y, por lo tanto, el control en caso de originarse una situación de conflicto.

Desde la @CFTArgentina decimos NO al traspaso ilegal del servicio de distribución eléctrica en CABA y Pcia de BsAs pic.twitter.com/5gQ2ddY1po

— Carlos Minucci (@CarlosMinucci) October 23, 2019

La Corriente Federal de Trabajadores y el sindicato de la actividad, APSEE que conduce Carlos Minucci calificaron a la maniobra como “espuria” y criticaron la determinación oficial ya que el Presidente, como ha sucedido por ejemplo con el acuerdo con el FMI, ha decidido pasar de largo el Congreso de la Nación y el Parlamento bonaerense, en donde se deben aprobar estas cuestiones. “Carece de toda legalidad y legitimidad”, consideraron desde la organización sindical que lideran entre otros el bancario Sergio Palazzo y el gráfico Héctor Amichetti.

“La medida reviste una enorme gravedad, por sus consecuencias y la oportunidad en que fue instrumentada, y solo se explica como una de las ultimas prebendas  de un Gobierno en retirada en beneficio de los mismos empresarios amigos del Presidente”, increpa el comunicado de la CFT. “¿Quién se va a encargar de controlar a esas empresas? ¿Dónde queda el rol del Estado, el de los consumidores y el de los trabajadores?”, se cuestiona. “Los servicios públicos no son una mercancía, el acceso a los mismos es un derecho humano”, reza y por ultimo: “Exhortamos al Gobierno a que derogue inmediatamente esta aberrante Resolución”, exigió.

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