🔵Javier Milei envió la Ley Ómnibus al Congreso de la Nación el miércoles pasado, marcando el tercer hito en políticas perjudiciales para los trabajadores y beneficios para el poder económico🔴
El Centro de Economía Política Argentina elaboró un detallado informe sobre la Ley Ómnibus y sus implicancias e impactos en el sector laboral. El estudio se muestra muy crítico de los primeros pasos del nuevo Gobierno, con foco en el Presidente y en el ministro de Economía, Luis Caputo.
Primera ofensiva: Plan licuadora de Caputo
En un controvertido movimiento, el Plan Licuadora de Caputo, implementado el 12 de diciembre, provocó una devaluación sin precedentes del 120%. Esto situó el tipo de cambio en su nivel más alto desde 2001 y pronostica una inflación que más que duplicará la tasa de diciembre. El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) había analizado detalladamente los impactos, destacando la suba del Impuesto País, el aumento de los precios de los combustibles, la anunciada eliminación de subsidios en transporte, luz y gas, y la suspensión de la obra pública a nivel nacional.
Segunda ofensiva: DNU y Ley de la Selva de Sturzenegger
El segundo golpe fue el DNU Ley de la Selva de Sturzenegger, detallado en una nota del Cohete. Este DNU desregula amplios sectores económicos, desde comercio interior hasta salud, código aduanero, tarjetas de crédito, minería, ley de tierras y sector aerocomercial. Además, establece la conversión en sociedades anónimas de todas las empresas públicas y también de los clubes, representando un retroceso histórico en comparación con la ley laboral y la ley de asociaciones sindicales.
Tercera ofensiva: “Ley Argentina en Venta Ómnibus»
La denominada «Ley Argentina en Venta», comúnmente conocida como Ómnibus, representa la tercera embestida. En este informe del CEPA se detallan los principales ejes del proyecto, divididos en tres partes. En la primera, se destacan los beneficios al poder económico; en la segunda, se abordan los ataques al empleo público, haberes jubilatorios y la criminalización de la protesta; y, finalmente, la tercera parte analiza una nueva serie de propuestas desregulatorias, algunas alineadas con el DNU, y sus impactos sectoriales. Este nuevo capítulo plantea preocupaciones adicionales sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos de los trabajadores.