🔵El gremio judicial defendió la actuación de Marta Pascual y rechazó los señalamientos hacia la magistrada, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires🔴
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación salió a respaldar a Marta Pascual, la jueza de Lomas de Zamora que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense. El gremio defendió la independencia judicial y cuestionó los ataques dirigidos contra la magistrada luego de conocerse su resolución.
El planteo de la UEJN se sostiene en que una reforma que baja la edad de punibilidad y habilita el encierro desde los 14 años no puede ponerse en marcha si el Estado no cuenta con edificios adecuados, equipos interdisciplinarios, protocolos y recursos suficientes. Para la institución sindical, advertir esas carencias antes de que provoquen daños irreversibles “no es un acto de obstrucción”, sino “el ejercicio responsable de la función judicial de control”.
La organización señaló además que la preocupación no proviene únicamente del juzgado de Pascual, sino que forma parte de un cuestionamiento extendido dentro del Poder Judicial. “La respuesta no puede ser atacar a quienes advierten el problema, sino revisar seriamente las condiciones en que se está aplicando la ley”, sostuvo la Comisión Directiva Nacional del sindicato.
“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”
Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, explicó que su decisión no implica desconocer los delitos cometidos por menores ni rechazar la baja de la edad de imputabilidad. Su objeción está puesta en la falta de condiciones para aplicar el nuevo régimen sin agravar la situación existente.
“No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó la magistrada.
La jueza también advirtió sobre las consecuencias que puede generar un encierro sin políticas de acompañamiento: “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”.
La UEJN rechazó los ataques contra la magistrada
Frente a las acusaciones que responsabilizaron a Pascual de “poner en riesgo a los argentinos de bien” y calificaron su resolución como “antidemocrática”, la UEJN sostuvo que esos cuestionamientos invierten el sentido de la discusión.
Para el gremio, garantizar el cumplimiento de las leyes y los tratados de derechos humanos no atenta contra la democracia, sino que la fortalece. También remarcó que exigir condiciones materiales mínimas antes de encerrar adolescentes no representa un “garantismo cómplice”, sino un requisito básico para desarrollar una política penal juvenil seria.
Finalmente, la UEJN reclamó que cualquier reforma en esta materia se implemente con planificación, recursos y plazos adecuados. También pidió que se respete el papel de la magistratura como garante de los derechos de niños y adolescentes, en medio de una discusión que excede la edad de imputabilidad y pone en debate qué respuesta brinda el Estado una vez que los jóvenes ingresan al sistema penal.
