🔵La CGT y sus actores principales celebraron el comunicado de la Justicia en el expresa su preocupación sobre la intención del Gobierno de traspasar la Justicia a CABA🔴
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha emitido un comunicado expresando su rechazo y profunda preocupación respecto al proyecto de ley titulado «Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». Este proyecto instruye al Poder Ejecutivo Nacional a transferir la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años. La totalidad de la Cámara ha manifestado su oposición a esta propuesta.
Según la Cámara, este proyecto de ley representa una inadmisible delegación de facultades exorbitantes en favor del Poder Ejecutivo Nacional, contradiciendo el sistema federal de gobierno establecido por la Constitución Nacional de Argentina. Además, señalan que dicha propuesta transgrede el principio de división de poderes propio de la República.
La Cámara destaca que, constitucionalmente, el traspaso no podría habilitarse sin una previa reforma constitucional, y mucho menos justificar la delegación de todas las facultades relacionadas con la justicia en favor del Poder Ejecutivo Nacional.
Adicionalmente, el comunicado señala que el fuero del trabajo también debe entender en asuntos de naturaleza federal, citando la Ley de Asociaciones Sindicales y destacando que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es el tribunal competente para resolver cuestiones sindicales en todo el país.
La Cámara argumenta que el fuero laboral nacional es el competente para abordar asuntos como las multas impuestas por la autoridad administrativa laboral, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, y los planteos judiciales derivados de las declaraciones de insalubridad dispuestas por las autoridades administrativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, según la normativa vigente.
En conclusión, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechaza de manera total y absoluta la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional y comunica su posición a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, al Congreso Nacional y al Ministerio de Justicia.