🔵La Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, puso en valor los fundamentos de la sentencia dictada en San Nicolás y remarcó su importancia para la defensa del derecho a huelga y las libertades sindicales🔴
La Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, encabezada por Julio Piumato y Maia Volcovinsky, destacó el fallo judicial que absolvió al dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro y a otros seis representantes sindicales en San Nicolás. Desde la central obrera consideraron que la resolución marca un límite a la criminalización de las protestas gremiales y reafirma el derecho de los trabajadores a llevar adelante medidas de fuerza.
A través de un comunicado, la Secretaría señaló que la sentencia del juez Alejandro López «reafirma el derecho a huelga y pone límites a la criminalización de la protesta sindical». Además, subrayó la importancia de sus fundamentos para la defensa de las libertades sindicales, los derechos de los trabajadores y las garantías constitucionales.
El pronunciamiento judicial, conocido días atrás, dejó un punto central: una protesta sindical no puede ser considerada automáticamente un delito por afectar el funcionamiento de una empresa. Para la CGT, los argumentos de la sentencia representan un respaldo al derecho de los trabajadores a organizarse y reclamar colectivamente.
En su resolución, el magistrado reconoció que los bloqueos realizados durante el conflicto con la distribuidora Rey efectivamente existieron y provocaron dificultades en la actividad comercial. Sin embargo, entendió que las conductas analizadas estaban comprendidas dentro del ejercicio del derecho a huelga y que, por lo tanto, no correspondía aplicar sanciones penales.
El caso se remonta a un conflicto sindical ocurrido en 2021 en San Pedro, que derivó en una causa judicial contra Cabaleyro y otros seis acusados. Tras conocerse la absolución y la liberación del dirigente camionero, la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT puso ahora el foco en el alcance de los fundamentos judiciales y en su importancia para evitar que los conflictos laborales sean tratados como delitos.
