La Corte Suprema de la Nación es ahora la encargada de resolver el conflicto paritario de la AJB con el Gobierno bonaerense, decidiendo que hace con la medida cautelar.
La Asociación Judicial Bonaerense criticó la decisión de la Suprema Corte, quien resolvió concederle el recurso extraordinario federal interpuesto por la Fiscalía de Estado, y ahora será la Corte Suprema Federal, quien se encargue de resolver el dilema paritario que el gremio enfrenta con la provincia de Buenos Aires.
“Con la oposición de De Lazzari y Víctor Violini, el Tribunal dicta una resolución contraria a la que había resuelto el pasado 12 de septiembre, en oportunidad de analizar la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley”, comienza explicando el documento de prensa de la AJB. “Al voto de los jueces de Casación Carlos Natiello, Fernando Mancini y Mario Kohan, se sumó el llamativo y repudiable viraje producido por Ricardo Maidana y Daniel Carral, que en la primera resolución habían conformado la mayoría por el rechazo del recurso. En esta oportunidad Maidana decidió cambiar su voto, mientras que Carral se escuda detrás de una licencia para no votar, luego de tener a disposición el expediente durante tres semanas”, agrega. El lanzamiento del dardo verbal por parte del gremio judicial, sostiene que el “Poder Judicial garantiza impunidad a un Poder Ejecutivo que decidió mantenerse al margen de la ley, negando sistemáticamente el derecho constitucional a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales”.
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“Esa impunidad no sólo es atribuible a los magistrados que tomaron esta última decisión, sino también a quienes fueron partícipes de una demora de cuatro meses en la resolución sobre la vigencia de la medida cautelar. Tal es el caso de los magistrados del Tribunal de Trabajo 3 de San Martín, que en su oportunidad como tribunal de feria concedió sin fundamentos el recurso de inaplicabilidad de ley; así como de los ministros de la Suprema Corte (Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani y Negri), que luego de un mes de demorar el expediente se excusaron con argumentos falaces para no asumir el costo de un virtual enfrentamiento con el Poder Ejecutivo”, sostienen desde el sindicato de Abramovich.
Así, el Máximo Tribunal será quien deba resolver el conflicto que tiene en vilo a los trabajadores judiciales de cara a la negociación paritaria que aun sigue sin concluir. “La subordinación a las necesidades del poder político marca un perfil de magistrados y magistradas más preocupados por mantener sus privilegios que por asumir la responsabilidad propia del Poder Judicial como último garante de los derechos fundamentales de la población”, finaliza el comunicado de prensa.