Hay que estar atentos para que el congelamiento no lo paguen los trabajadores.
Esta central de trabajadores y trabajadoras acompaña la decisión del Gobierno nacional de declarar “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía móvil, internet y TV por cable, una medida reclamada por la ciudadanía que, en el contexto de la pandemia, se volvió impostergable.
El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Alberto Fernández incluye:
- El congelamiento de las tarifas hasta el 31 de diciembre, y asegura el control estatal sobre las mismas en el futuro.
- Exige a las empresas que se establezcan planes accesibles e inclusivos que “garanticen una prestación básica universal obligatoria».
En este contexto, desde la central obrera manifestaron que “es necesario y urgente que el Estado asegure la accesibilidad de todos y todas a los servicios de las telecomunicaciones, de modo que en todo el territorio nacional se pueda tener conexión de calidad y a precios razonables”.
“Creemos que esta medida viene a intentar contrarrestar los abusos de las empresas de las telecomunicaciones fuertemente favorecidas por el gobierno de Mauricio Macri”.
Y señalaron que: “Desde hace décadas maximizan sus ganancias sin obligaciones hacia los usuarios, con tarifas exorbitantes, malos servicios y coberturas, largamente esperadas por la ciudadanía”.
En este contexto, la CTA conducida por Ricardo Peidro encendieron las alarmas y alertaron: “que esta situación los trabajadores de estas empresas, para que no sean ellos –con sus salarios- quienes paguen el costo del congelamiento de las tarifas.
Asimismo instamos al Estado nacional a ejercer un control estricto sobre las empresas que manejan hoy las telecomunicaciones, para que esta medida no conlleve una desinversión que precarice el servicio existente.
Para finalizar, marcó el camino y explicaron: “Desde la CTA Autónoma creemos que es necesario seguir avanzando en la recuperación del rol del Estado como regulador de bienes y servicios indispensables para la vida. Creemos que el Estado debe instrumentar los mecanismos para convertir a ARSAT en una empresa pública fuerte, para el control público de las telecomunicaciones, las plataformas digitales, la búsqueda satelital y los datos, camino a una verdadera soberanía comunicacional y tecnológica”.