🔴“Ministerio de Seguridad y el Gobierno Nacional intima a la central obrera a otras organizaciones al pago de multas por movilizaciones realizadas”🔵
Desde la Central de Trabajadores Argentina, liderada por Hugo “Cachorro” Godoy, emitieron un comunicado, denunciando que “a través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional intima a la CTA Autónoma, la Federación Nacional Territorial y la Asociación Trabajadores del Estado, CONADU Histórica, y organizaciones de otras centrales sindicales y movimientos sociales al pago de multas que ascienden a los $ 56.760.282 y $ 40.419.227 por participar de las movilizaciones realizadas el día 22 y 27 de diciembre, respectivamente”.
En el marco de un gobierno que comenzó sus días anunciando y desplegando un Protocolo anti piquetes con el objetivo de cercenar la protesta social y los reclamos de una clase trabajadora que a solo menos de un mes de asumida la presidencia de Milei soporta el ajuste de las medidas económicas implementadas que tenían que haber sido para la famosa “Casta”, pero no; la CTA A denuncia una nueva medida por parte del Ministerio de Seguridad y el Gobierno Nacional que apuntan nuevamente a extirpar cualquier tipo de protesta.
En esta línea, desde la central obrera manifestaron: “Estas penas (supuestos “pagos solidarios”), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta”, resaltaron.
En este sentido, informaron: “Ya hemos realizado las presentaciones correspondientes ante la Justicia para rechazar estas intimaciones”. Y agregaron: “Hemos realizado presentaciones ante la OIT por la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes, una reglamentación que crea y establece castigos a supuestos delitos, que no están encuadrados como tal en el Código Penal. El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificar el Código Penal y establecer estas penas”.
Para finalizar, marcaron postura y afirmaron que “desde la CTA autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras”.
Pese a las postura del Ministerio de Seguridad y a todo lo detallado, desde la conducción de la organización gremial sostuvieron: “Ratificamos la convocatoria al Paro y movilización del 24 de enero para exigir al Congreso de la Nación a que se rechace el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, a través de los cuales el Presidente Javier Milei pretende gobernar por decreto, ejerce abuso de poder, avasalla al Congreso de la Nacional, e intenta arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino pretendiendo establecer un Estado de Sitio de hecho”.