🔵A dos años del Gobierno, referentes sindicales y de derechos humanos le apuntaron al presidente y al rumbo político y económico🔴
Un amplio arco de referentes sindicales, organismos de derechos humanos, políticos, cultura, el mundo académico y el derecho emitió un fuerte pronunciamiento público en el que repudiaron el balance de los dos años de gestión del presidente Javier Milei. El documento, difundido por la CTA Autónoma, sostiene que el Gobierno ha profundizado un modelo de ajuste que, lejos de estabilizar la economía, derivó en recesión, caída del consumo y deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores sociales.
El texto advierte que las decisiones económicas adoptadas desde diciembre de 2023 provocaron un retroceso sostenido en el mercado interno, el cierre de pymes y un aumento del desempleo, mientras que quienes conservan sus empleos enfrentan un proceso de pérdida acelerada del poder adquisitivo. La crítica central apunta a que el programa oficial prioriza los intereses del capital financiero y organismos multilaterales por encima de las necesidades populares, generando un “empobrecimiento generalizado”.
Otro eje señalado por los firmantes es la orientación de la política exterior y los acuerdos internacionales impulsados por el Ejecutivo. Según el documento, estos entendimientos “entregan” sectores estratégicos de la economía nacional, permiten el acceso externo a recursos naturales e infraestructuras críticas, y abren la puerta a la privatización de servicios públicos esenciales. En ese marco, se plantea que las iniciativas del Gobierno comprometen la soberanía económica y reducen la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
El pronunciamiento también cuestiona las reformas laborales propuestas y ejecutadas en estos dos años, a las que describen como regresivas para el mundo del trabajo. Entre los puntos criticados se mencionan los cambios en indemnizaciones, vacaciones, condiciones de contratación y regulaciones sobre jornada laboral. Las organizaciones firmantes vinculan estas modificaciones con una estrategia de debilitamiento sindical y de “flexibilización” orientada a reducir costos laborales en detrimento de las conquistas históricas de los trabajadores.
El texto lleva la firma de dirigentes de la CTA Autónoma, referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, intelectuales, académicos, representantes culturales, juristas y figuras políticas de distintos espacios, quienes coinciden en reclamar una respuesta unificada frente a lo que consideran un retroceso en derechos económicos, sociales y laborales. Asimismo, destacan la multiplicidad de sectores que en los últimos dos años impulsaron protestas y movilizaciones —trabajadores estatales, jubilados, estudiantes, hospitales públicos, organizaciones por discapacidad, entre otros— como expresión de resistencia social ante las políticas aplicadas por el Gobierno.