El intendente del PRO ya firmó el decreto para ajustar y despedir trabajadores municipales.
El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, ya facultó mediante decreto a su administración política para despedir trabajadores municipales y restringir las horas extras de otros tantos luego de haber declarado la emergencia económica, administrativa y financiera en todo el perímetro del territorio que gobierna. La Fesimubo, entidad gremial que conduce Rubén “Cholo” García, ya presentó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
El escrito de las autoridades de la federación sindical, sostiene que la disposición del intendente del PRO se encuentra “en franca violación a la Ley. 14.656, la Constitución de la Provincia y la Constitución Nacional”, y le pide a la titular de la cartera laboral bonaerense, Mara Ruiz Malec, que intervenga urgente “a fin de evitar los tremendos perjuicios que se ocasionaran a los trabajadores municipales de Olavarría, máxime en el estado de emergencia declarada como consecuencia de la pandemia del COVID19”.
Luego de hacer un repaso por cada uno de los “considerandos” que posee el decreto del intendente macrista, el cual en su mayoría culpa al desbarajuste coparticipable que existe entre el Gobierno y su municipio, el dirigente municipal sostiene que el jefe distrital “culpa en la situación económica en general y, en particular en la administración Provincial, ante las demoras o reducción de las transferencias de los recursos coparticipables” y pretende “arbitrariamente por cierto y sin ningún reflejo de solidaridad o comprensión, dejar sin trabajo a muchas y muchos trabajadores municipales”.
En el quinto párrafo de la denuncia, el “Cholo” García se descarga con una reflexión histórica de la Fesimubo: “Como lo vengo sosteniendo histórica y públicamente, los Intendentes Municipales toman de rehenes a las trabajadores y trabajadores municipales colocándolos en las más paupérrimas condiciones laborales y salariales, haciendo de la arbitrariedad el estilo de su administración”. A todo esto, se le suma que el decreto del intendente se encuentra en plena violación de la ley que consiguieran los municipales bonaerenses, la 14.656, ya que las facultades del Gobierno local no le permiten disponer de esta clase de decretos. Justamente, el espíritu de la norma, fue gestado entre otras cuestiones, para impedir la arbitrariedad de los intendentes.
“Entenderá Sra. Ministra que el decreto municipal resulta de una gravedad institucional y social inusitada y que la defensa de los derechos e intereses de las trabajadoras y trabajadores municipales de Olavarría, nos impone la inexcusable obligación de adoptar todas las medidas, políticas, judiciales y de acción directa a fin de evitar se produzcan daños irreparables a las y los trabajadores y sus familias”, escribe García a modo de culminar su contacto con el Gobierno de la provincia, y particularmente con Malec.