La Federación de médicos estatales, que dirige el doctor Yabkowsy, puso en tela de juicio la Cobertura Universal de Salud porque asegurar que «limita las prestaciones» y que los servicios se «ajustarán al mínimo».
La Federación Sindical de Profesionales de Salud puso en duda la Cobertura Universal de Salud (CUS) propuesta por Gobierno nacional a través de un decreto. El gremio que conduce Jorge Yabwoswy aseguró que “la iniciativa solo limitará las prestaciones” y afirmó que “los servicios se ajustarán a un nivel mínimo y se abandonará el derecho a la salud para abrir la puerta al modelo promercado».
«Surge en un momento de profundo avance sobre los derechos adquiridos y es parte del ajuste. Se propone cambiar la lógica del derecho humano por el de la cobertura y la prestación ligada a lo privado», puntualizó Fernanda Boriotti, integrante del MDS, quien agregó que la iniciativa es promovida por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BM-BID) y la Fundación Rockefeller, «en sintonía con los sistemas aplicados en Estados Unidos, México y Chile».
Fesprosa, junto al Movimiento por el Derecho a la Salud (MDS) explicaron que la CUS fue impulsada en julio de 2016 por el decreto 908 para garantizar «el acceso equitativo y de calidad a los servicios médicos de personas sin obra social ni prepaga» a partir de la asistencia integral del Estado.
La iniciativa oficial debe ser aceptada por las provincias para poder ser aplicada, como ya lo hicieron Córdoba, Entre Ríos, Salta y Jujuy, por lo que la Fesprosa rechazó esa reestructuración.
Según el gremio, el sistema procura que los habitantes tengan una cobertura con acceso a todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) en un registro de un banco de datos y, quienes carezcan de beneficios, obtendrán una integral del Estado.
El ministro de Salud, Jorge Lemus, había sostenido que el CUS “ofrecerá las prestaciones y medicamentos y, de existir alguna prestación que el sistema público no pueda ofrecer, ello se convendrá con los privados». Boriotti explicó que «en realidad se trata de una canasta básica de salud por la que solo algunas patologías elementales serán atendidas sin cargo y, para el resto, habrá que tener recursos propios, por lo que dependerá del bolsillo y no del Estado».
El financiamiento provendría del Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que acumula 29.000 millones de pesos y sustenta a las obras sociales sindicales para tratamientos de alta complejidad o medicamentos costosos. «Solo se destinarían a un fideicomiso 8.000 millones de pesos, administrados por una Unidad Ejecutora con representantes de la cartera de Salud, de la SSS y de la conducción de la CGT», dijo.
En otro orden, Yabkowski informó que la justicia determinó que las autoridades del Hospital Posadas deben reintegrar de forma inmediata «los descuentos ilegales realizados a los enfermeros» y que en adelante tendrá que «abstenerse de producirlos».
Por último, la Fesprosa informó que el personal nucleado en el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) de Tucumán, surgido en 2009 en los centros de gestión estatal, eligió por un período de tres años a Adriana Bueno y Julián Nassif como secretarios general y adjunto de la organización gremial.
«El gremio funcionaba hasta ahora como una comisión fundadora. Desde este momento se sometió a la voluntad de los afiliados», señaló Bueno, quien será acompañada en el área Gremial por Marité Rodríguez para continuar resolviendo «reclamos salariales y laborales y exigir soluciones a la problemática de la salud».