🔵Gobierno suspendió el servicio del Roca Cargas tras el accidente trágico de una niña de 15 años. La pregunta es: qué va a hacer al respecto🔴
La Fraternidad criticó la medida que aun sigue vigente y que tiene relación con la suspensión del servicio del ramal del Roca Cargas, cuya concesión se encuentra a cargo de la empresa Ferrosur, luego de que una niña de 15 años fuera arroyada en el Barrio 21-24 –estación Sola- tras salvar a su hermanito, de 2.
“La pelea no es pobres contra pobres sino contra la ineptitud, ineficacia o corrupción de no cumplir la Ley 2.873 y abandonar a gente sin recursos que debe criar a sus hijos en el peligro”, criticó el secretario general del gremio de conductores, Omar Maturano. Advirtió un paro general de ferrocarriles en caso que no se deponga de la suspensión. “Si se pretende que un tren no pase más por un ramal, tampoco pasará por ningún ramal en todo el país”, sentenció el dirigente de la CATT.

“Hace años la ocupación ilegal de predios ferroviarios es desatendida por las autoridades y la consecuencia inevitable es un nuevo accidente. Tras lo cual se intenta cortar las vías, en vez de mejorar la seguridad del tráfico ferroviario y promover viviendas populares a quienes ocupan terrenos fiscales”. La pregunta consecuente es: hasta cuando el Gobierno piensa limitar o suspender el servicio. Hasta que disminuya el peligro en la zona. Hasta que urbanicen a la gente que vive en ese barrio y le den viviendas que no se encuentren encima de los rieles. O piensa cerrar el ramal. Porque esas vías están allí hace muchas más décadas que el barrio, barrio el cual –por cierto- se construyó a la vera de las vías ante la desidia política, que otra vez más, se cobra la vida de una niña que tuvo el instinto de supervivencia pero en este caso, hacia su hermanito.

“La Ley prohíbe circular por la vía, y a menos distancia de veinte metros de la vía construir, hacer cercos, construir muros pero nadie hace nada. La gente que ocupa los terrenos fiscales no son delincuentes, pero son utilizados por intereses económicos que quieren debilitar el sistema ferroviario para desarrollar negocios inmobiliarios”, denunció Maturano. Es el Estado Nacional y las empresas quienes deben salvaguardar y garantizar la Seguridad, no una de 15 años.
“Los predios, vías, infraestructura ferroviaria son del Estado – aun en los casos en que se encuentren concesionados – toda la infraestructura ferroviaria es fiscal”, enfatizaron.“El Estado ausente posibilitó que Predios e Infraestructuras Fiscales se degraden poniendo en riesgo, colapsando y paralizando los servicios ferroviarios. El Ferrocarril está debilitado porque los Municipios no tienen jurisdicción y las Policías Provinciales tampoco porque el terreno ferroviario es Estatal”, agrego el Jefe Adjunto de la CATT.
“Se impone que quienes administran los Ferrocarriles y Estado Nacional lean la legislación ferroviaria, la hagan cumplir y protejan a los sectores de bajos recursos con planes de viviendas accesibles, luchando contra las causas de la pobreza y no seguir negociando con las trágicas consecuencias que estamos viviendo”, finalizó Maturano.