🔵La Justicia porteña ordenó suspender el uso obligatorio de la “Hoja de Ruta Electrónica” impulsada por el Gobierno de la Ciudad para controlar asistencia mediante geolocalización. El fallo respondió a una cautelar presentada por ATE Capital y cuestionó la legalidad del sistema🔴
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 15 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió suspender la aplicación obligatoria del sistema de geolocalización denominado “Hoja de Ruta Electrónica” –HRE-, implementado por el Gobierno porteño para trabajadores y trabajadoras estatales. La medida cautelar había sido presentada por ATE Capital, que denunció un avance sobre la privacidad y los derechos laborales del personal.
La resolución judicial, firmada por el juez Víctor Troncoso Rodas el pasado 19 de mayo, también dejó sin efecto la vinculación del sistema con la herramienta FICHE mientras se desarrolla el proceso de fondo. El fallo alcanza a todos los empleados y empleadas del Gobierno de la Ciudad afectados por este mecanismo de control laboral mediante geolocalización.
Entre los principales argumentos, el magistrado sostuvo que el GCBA no acreditó la existencia de un acto administrativo válido que habilitara la implementación obligatoria del sistema ni el uso de teléfonos celulares personales para registrar asistencia. En ese sentido, el fallo advirtió que la herramienta fue aplicada “a través de una vía de hecho”, lesionando el principio de legalidad administrativa.
Además, la sentencia remarcó que el sistema obligaba a utilizar dispositivos personales, datos móviles y GPS para cumplir funciones laborales, sin que existiera una negociación colectiva previa ni garantías suficientes respecto del tratamiento de datos personales. También se señaló que la medida ignoraba las condiciones específicas de quienes realizan tareas territoriales, guardias, emergencias y asistencia a sectores vulnerables.
Desde ATE Capital celebraron la resolución judicial y sostuvieron que representa “un paso importante” frente a políticas de vigilancia impulsadas por la administración porteña. El gremio venía cuestionando desde el inicio la implementación del sistema por considerar que afectaba la intimidad, la privacidad y las condiciones laborales de las y los estatales.
