🔵La Justicia Federal hizo lugar a una cautelar impulsada por ATE y suspendió parcialmente la aplicación de la Resolución 42/2026 del INTI. El fallo impide cierres de servicios, protege puestos de trabajo y frena cambios estructurales en el organismo 🔴
La Justicia Federal de San Martín dictó una medida cautelar clave que representa un duro revés para el Gobierno nacional y un fuerte respaldo al reclamo de la Asociación Trabajadores del Estado –ATE- en defensa del INTI.
El fallo, firmado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado de la Resolución 42/2026, normativa que disponía la cesación y reorganización de múltiples servicios técnicos y tecnológicos del organismo.
La presentación judicial había sido impulsada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien denunció que la resolución implicaba un vaciamiento funcional del instituto, afectando áreas estratégicas, servicios sistematizados y la ocupación efectiva de trabajadores especializados.
En su resolución, el magistrado consideró acreditados los requisitos para dictar la cautelar y advirtió sobre el riesgo de un daño irreparable para los trabajadores. Además, señaló que podrían verse afectados derechos laborales, convenciones colectivas y garantías constitucionales vinculadas a la estabilidad en el empleo público.
La medida judicial también prohíbe al INTI avanzar con traslados de equipamiento técnico, reubicaciones o modificaciones funcionales vinculadas al plan de transición previsto por la resolución cuestionada. Asimismo, obliga a mantener categorías, salarios y condiciones laborales vigentes.
Otro de los puntos centrales del fallo es que garantiza la continuidad de programas de asistencia técnica, certificaciones y servicios tecnológicos bajo la órbita estatal del INTI, frenando cualquier intento de desmantelamiento mientras se discute el fondo de la cuestión judicial.
Aunque el juez no declaró aún la inconstitucionalidad de la Resolución 42/2026, dejó en claro que el conflicto requiere un análisis profundo y mantuvo suspendidos parcialmente sus efectos por un plazo de seis meses.
