🔵La Justica resolvió reestablecer el control de Osprera a UATRE y ordenó una investigación sobre el Gobierno para que explique los fundamentos de querer quedarse con OSPRERA🔴
Nuevamente, la obra social de la UATRE vuelve a la cima noticiosa del micro universo sindical pero esta vez, con una buena para varios, primero para los peones rurales y para José Voytenco, quien desde su asunción tras la muerte de Ramón Ayala, lidió con las ambiciones de la oposición para adjudicarse OSPRERA.
La figura de “asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la OSPRERA y hacerse el control de la Obra Social”, recaerá sobre Pablo Ansaloni.
En el medio, el oficialismo de LLA, en la figura del dirigente sindical Pablo Ansaloni, buscó con desesperación desde la Cámara de Diputados trazar los caminos para su principal objetivo, también con la meta de debilitar el poder de Voytenco. Aun así, los sucesivos intentos de Ansaloni, ya desde hace varios años, se toparon con la decisión de la Justicia Federal de hacer lugar a la denuncia de Voytenco, la cual dejó sin efecto el DNU del Gobierno que le quitara autoridad sobre OSPRERA y le dictó un fallo a la Superintendencia de Servicios de Salud para que le reintegre a UATRE el control de la Obra Social. Además, la justicia detectó maniobras que carecerían de prolijidad al momento de resolver la intervención y buscara los chanchullos en una investigación a los funcionarios vinculados al presidente Javier Milei. La caratula sería por Asociación Ilícita y Tráfico de Influencias.
El fallo golpea directamente al presidente de la Superintencia Gabriel Gonzalo Oriolo, quien buscaba, con la Patria Potestad del presidente, controlar y adjudicarse OSPRERA para utilizarla como una caja política en favor del bloque oficialista. La Justicia, no conforme con la devolución a Voytenco del control de la obra social, le exigió al funcionario que explica las razones por las cuales determinó la intervención y sus fundamentos. Sumado al funcionario de la SSS, deberán rendir cuentas por incumplimientos del deber publico, todos aquellos que formaron parte en el proceso de intervención de Osprera.
La Superintendencia y Oriolo tienen tiempo hasta hoy, 22presentó, para dar explicaciones, entre ellas, porque dictó una intervención a 24 horas de haber recibido la denuncia de Ansaloni.
La Justicia entendió que los fundamentos emitidos por la parte denunciante no coincidían con los balances y estados de operatividad de la obra social ni con la situación prestacional que detalla Ansaloni.