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La Justicia limita el poder represivo de Patricia Bullrich: la CGT celebró el fallo y obtiene un triunfo político y social

🔵Un fallo judicial le advirtió a Patricia Bullrich que el operativo encargado de custodiar las protestas sociales le corresponden a las fuerzas de la Capital Federal, y no a las conducidas por el Ministerio de Seguridad🔴

En un nuevo capítulo del conflicto por la represión a las protestas sociales, la CGT destacó un reciente fallo judicial que limita el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación. Según el comunicado difundido este lunes, la sentencia pone freno a la política represiva impulsada por la ministra Patricia Bullrich y garantiza el derecho a la manifestación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Justicia le dio la razón a la CGT en parte de una medida cautelar, y determinó que la Policía de la Ciudad es la fuerza primaria responsable del orden público en el territorio porteño, incluyendo las adyacencias del Congreso Nacional. Esto significa que el Ministerio de Seguridad de la Nación no podrá enviar fuerzas federales sin coordinación expresa con las autoridades locales.

De esta manera, la Justicia prohíbe cualquier despliegue unilateral por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación u otros organismos federales, según celebró el documento firmado por el Consejo Directivo Nacional de la CGT.

Con este fallo, se desautoriza la lógica de intervención directa y sin aviso que el gobierno nacional venía aplicando mediante el controvertido protocolo antipiquetes de Bullrich, utilizado incluso contra manifestaciones de jubilados y organizaciones pacíficas.

Además, el fallo reafirma que el Congreso Nacional solo tiene autoridad dentro de sus edificios, mientras que el espacio público aledaño permanece bajo control de la Ciudad.

La central obrera destacó que este fallo protege los derechos de reunión, expresión y participación democrática, y llamó a las autoridades a actuar con responsabilidad institucional.

«Hacemos un llamado firme a todas las autoridades, evitando la criminalización de la protesta y garantizando el ejercicio de los derechos sociales y constitucionales del pueblo argentino», concluye el comunicado.

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