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La triste realidad salarial planteada en un informe de la federación de Judiciales: el 64% de los salarios iniciales no alcanza la línea de pobreza

La radiografía salarial de marzo de 2026 de la Federación Judicial Argentina –FJA-, plasmada en un informe difundido este lunes, resalta que ingresar al Poder Judicial en la mayoría del país es empezar siendo pobre. El relevamiento, basado en datos de todo el país, muestra que 16 de las 24 jurisdicciones pagan salarios iniciales por debajo de la línea de pobreza, fijada en $1.397.672.

El mapa salarial que traza la FJA en el documento es el de una Argentina judicial fracturada. De un lado, un puñado de distritos —principalmente en la Patagonia, junto a CABA y la Justicia Nacional— donde los ingresos logran sostenerse por encima de la canasta básica. Del otro, un bloque mayoritario que incluye a Buenos Aires, Cuyo y el norte del país, donde los haberes no alcanzan a cubrir coistos de vida mínimos.

Según los datos que relevó la organización sindical, el contraste más brutal se da en el AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires, los salarios judiciales superan la línea de pobreza en más de un 50%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires quedan casi un 47% por debajo. La distancia entre ambas jurisdicciones alcanza un 300%, una brecha que dinamita cualquier criterio de equidad para tareas de igual responsabilidad.

Lejos de equilibrar

El análisis por regiones profundiza el diagnóstico. Incluso en la Patagonia, donde los sueldos nominales son más altos, el costo de vida erosiona el poder adquisitivo y en algunos casos los ingresos vuelven a quedar por debajo de la canasta. En la región Pampeana, directamente, ninguna provincia logra superar el umbral de pobreza, mientras que en Cuyo y el NOA se registran déficits que llegan hasta el 40%, consolidando un verdadero corredor de precariedad.

El informe

Judiciales plantea –de algún modo- que el salario judicial en Argentina dejó de ser una garantía de vida digna y pasó a depender exclusivamente del código postal. La falta de un piso salarial nacional y de mecanismos de negociación unificados convirtió al sistema en un mosaico desigual, donde el principio de “igual tarea, igual remuneración” quedó definitivamente relegado.

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