🔵Los gremios industriales hablaron de un desplome fatídico y multisectorial, con pérdidas de hasta 100 mil puestos de trabajo y más de 1000 empresas cerradas en un año y medio🔴
La industria nacional atraviesa un escenario muy complejo de dirimir ante una intención marcada del Gobierno Nacional de llevar la competencia a un terreno de profunda desigualdad, tal como sucedió durante los años noventa, en la Argentina.
La apertura de importaciones y las variables en el precio del dólar provocan un fuerte daño en muchas actividades y sectores de producción que han llevado a que alrededor de 1.000 Pymes hayan tenido que cerrar sus puertas desde 2023.
La CSIRA, confederación que nuclea alrededor de 40 organizaciones de la industria como SMATA, UOM, la UATRE, el Calzado (UTICRA), el SOIVA Vidrio, Cerveceros, ATILRA, Químicos, la UOCRA, Textiles, Gráficos, Petroleros, Alimentación y Ladrilleros, entre otros, emitió un duro informe sobre la caída pronunciada del empleo y la pérdida de puestos de trabajo desde la asunción de la nueva administración nacional, a cargo de la familia Milei y Caputo`s.
Algunos números
Denuncian un “retroceso sin precedentes” y publicaron en su último reporte que durante 2024, “la actividad manufacturera cayó un 9,4%, mientras que la construcción se desplomó 27%, y la minería también se contrajo, particularmente la vinculada con la actividad de la construcción”.
Allí, se refieren a las mil empresas industriales “que cerraron desde 2023, con la pérdida de más de 31 mil empleos formales en la industria”. En este camino de destrucción de trabajo argentino, la CSIRA advierte sobre una caída total de “casi 100 mil puestos de trabajo”, incluido en este número la construcción y la minería.
Los motivos
Los gremios de la industria denuncian un “colapso productivo” y lo califican como “un industricidio”. Atribuyen esto a la decisión del Gobierno de abrir indiscriminadamente las importaciones, liberando el tipo de cambio y hacer que la industria nacional pierda toda competitividad y no logre acceder a créditos, lo que concluye en “mercado interno paralizado”.
La resultante, según la Confederación de Sindicatos de la Industria es el debilitamiento del entramado pyme y la condena a la importación de tecnología y trabajo.
Utilizan ejemplos concretos en potencias como Estados Unidos, Unión Europea y China, las cuales implementaron políticas protectorias del trabajo e industria nacional, en comparación con la Argentina, donde “se eliminaron aranceles, programas de financiamiento y medidas de protección como el impuesto PAIS y los instrumentos antidumping”.
“Estamos transitando hacia una economía reprimarizada, que exporta recursos como el litio, soja y petróleo sin desarrollar cadenas de valor, con salarios que apenas recuperan una fracción de lo que estamos entregando”, agregan desde la CSIRA.
El puerto y el mar
La confederación también se refirió al DNU 340/2025, el cual le abre las puertas del mar argentino a buques extranjeros y al reemplazo de mano de obra nacional “en el transporte de combustibles, alimentos e insumos esenciales”, y aseguran que esto “compromete la seguridad económica del país y la soberanía”. “una vez implementada, supondrá un inmediato aumento del desempleo, fuga de divisas y mayor precarización laboral”, coinciden, en consonancia como ya lo han expuesto gremios como el SICONARA, en la Cámara de Diputados de la Nación.
En el extenso documento emitido, también denuncian un fuerte retroceso en el sector científico tecnológico y la escasa inversión en educación e investigación, lo que impulsa la profundización de la caída del empleo argentino. También reclaman sobre el “cepo a las paritarias libres” ante una fuerte merma del poder adquisitivo en lo que el Gobierno utiliza como una estrategia antiinflacionaria. Pisar la negociacion colectiva para frenar el aumento de precios, lo que en la realidad no se traduce a las góndolas.
“El aumento constante de tarifas multiplicó el gasto de los hogares, sobre todo en los sectores medios y bajos. En paralelo, el salario mínimo perdió un 32% de su poder de compra entre diciembre de 2023 y abril de 2025”, agregan en el informe.
El derecho a huelga y la indemnización
La Ley Bases aún continúa en el foco de conflicto y la tensión que generó el intento de exterminar el derecho constitucional a huelga por parte del Gobierno provocaron la profundización de la tensión con los gremios, sumado esto a las Resoluciones 1066/2025 y 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores, lo cual busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales por despidos “por un enfoque de capitalización individual que atenta sobre derechos adquiridos por el movimiento obrero organizado”.
Por ultimo, colocaron el punto en “la manipulación arbitraria de los aportes de los trabajadores que desfinancia las obras sociales sindicales” y con ello, exigieron “la actualización de los costos prestacionales, la agilización y aumentos de los reintegros del Fondo Solidario y el fin de las normas que permiten la fuga de aportes al sistema privado”.