🔵La crisis en la Educación universitaria ante la agobiante inflación y recortes presupuestarios amenazan el funcionamiento educativo del sector🔴
En medio de la creciente inflación y la falta de presupuesto universitario aprobado para el año en curso, la Federación de Docentes de las Universidades –FEDUN- y la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Histórica -CONADU Histórica- buscan respuestas a una situación económica agobiante.
Según los gremios, durante 2023 los haberes docentes experimentaron actualizaciones que, en julio, los dejaron apenas un 0,44% por encima de la inflación. Sin embargo, la situación empeoró considerablemente en noviembre, con un desfase del 12,4%, marcando el peor caso. La inflación acumulada desde enero alcanzó el alarmante 211,2%, dejando a los salarios un 63% por debajo de la inflación. Este escenario preocupante impacta directamente en la capacidad de los docentes para afrontar los costos de vida.
La problemática se extiende más allá de los salarios, ya que el Gobierno no piensa asignar más partidas presupuestarias de lo aprobado para el año en curso, que por cierto es muy limitado. La falta de fondos afecta los gastos de funcionamiento, becas y otros aspectos esenciales de las instituciones académicas. Según los rectorados de varias universidades, el cierre de las puertas de las casas de estudio es inminente debido a la falta de recursos incluso para servicios básicos.
La CONADU Histórica alerta sobre la insuficiencia de la partida otorgada en 2023, que, sin los adicionales surgidos de las paritarias, resulta claramente insuficiente en el actual contexto inflacionario. La falta de presupuesto amenaza con cerrar las puertas de las universidades en pocos meses, generando un impacto significativo en la educación superior del país.
En este complicado panorama, la FEDUN y la CONADU Histórica también se pronuncian sobre la equiparación del FONID y el equipamiento tecnológico en los niveles preuniversitarios. Además, expresan su rechazo a los intentos de cercenar el derecho de huelga con la inclusión de servicios esenciales en todos los niveles obligatorios, argumentando que la educación es un derecho que requiere fondos y políticas públicas, contrariamente a las medidas implementadas por el gobierno, que parecen buscar evitar las protestas.
El llamado a la mesa paritaria no solo se presenta como una negociación salarial, sino como una urgente respuesta a la crisis económica que amenaza la estabilidad y el funcionamiento de las instituciones educativas superiores en Argentina.