La Fesimubo comenzará un plan de protestas en la provincia de Buenos Aires que incluirán movilizaciones en todos los distritos que no se hayan adecuado la ley de paritarias municipales. La norma se sancionó en noviembre de 2014 y más del 50% de los intendentes no quiere aplicarla.
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses llamó a todos sus gremios federados a declararse en estado de alerta y movilización, con probabilidades fuertes de que comience un dominó de manifestaciones callejeras a lo largo y ancho de más del 50% de los distritos de la provincia. Reclaman la adecuación de los intendentes a la Ley 14.656, de negociaciones colectivas, sancionada en noviembre de 2014 y a la cual menos de 60 municipios se acoplaron.
“Me parece que es momento de ganar la calle, nuevamente”, les dijo en Avellaneda el “Cholito” García a todos los secretarios generales de los gremios municipales adheridos a la Fesimubo. Cuando fue el turno de que cada uno de ellos exponga su problemática distrital, allí fue cuando todos coincidieron en que iban a acompañar cada determinación de movilizar y hacerse solidario desde la calle con las organizaciones colegas.
La ley que obliga a los intendentes a negociar paritarias con los gremios municipales, expuso una realidad que si bien era conocida, estaba amparada por la vieja norma 11.757. Los jefes políticos de cada municipio le imponían a sus trabajadores el sueldo, precarios y no los aumentaban si el sol no salía al revés y la noche se volvía violeta. La cuestión es que los fondos eran utilizados a discreción aunque sancionada la 14.656, el presupuesto ahora debía organizase dentro de una negociación con los sindicatos para adecuar sueldos.
“No es una cuestión de color político”, expresó García, con el argumento de que muchos de los que no le permiten a sus trabajadores gozar del derecho de la ley son afines a su ideología. También apuntó duro al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quienes a principios de año, iniciaron gestiones sin éxito para suspender la aplicación de la norma por un año, pero no pudieron avanzar en la gestión.