🔵 Por Rubén Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado 🔴
Tradicionalmente, el rol básico del sindicalismo ha sido la defensa del trabajo como instrumento ordenador de la sociedad y del poder adquisitivo del salario que asegure una cobertura digna en la calidad de vida de los asalariados.
El primer objetivo se enmarca en las políticas públicas en materia de empleo que constituyen, a la vez, una componente vital en el diseño de la economía nacional: la acción sindical, como actor indispensable en este contexto, adquiere un carácter interactivo con el resto de los sectores involucrados (producción, servicios, Gobierno).
El segundo objetivo, la defensa del poder adquisitivo del salario requiere, según nuestro punto de vista, una readecuación de su estrategia, dadas las complejidades de la economía moderna.
📎 Defensa del poder adquisitivo
Este rol fundacional y primordial de la acción gremial se limita, en términos generales, a simples confrontes de los índices inflacionarios con los salarios nominales, que luego son esgrimidos en las respectivas negociaciones paritarias para obtener supuestas “recomposiciones” del poder adquisitivo: condición necesaria pero no suficiente para los tiempos que corren.
Insuficiente porque la contracara del poder de compra del salario es la inflación: esto así, porque al tiempo de esas “recomposiciones” que se traducen en un incremento salarial -calculados en base a la inflación pasada en un período determinado- no se ataca del todo el fondo del problema, porque si no se toman medidas enérgicas para detener el fenómeno inflacionario, éste vuelve a corroer el sueldo inmediatamente después de la firma del acuerdo salarial, provocando una nueva caída del poder adquisitivo hasta la próxima negociación: un círculo vicioso en el que siempre pierde es el trabajador/consumidor.
📎 La extrema gravedad de la coyuntura: un ejemplo
A nadie escapa que la incidencia de la canasta alimentaria en el ingreso asalariado es el factor prioritario a considerar: es una verdad de perogrullo que un ser humano, ante todo, tiene que alimentarse.
Según datos del INDEC, en el período dic/19-oct/20, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento del 32,5%, de impacto dramático en los sectores de ingresos medios y bajos.
Con este simple panorama, comienzan entonces a plantearse los interrogantes: ¿cuál es la razón de semejante aumento? ¿es un problema del famoso aumento de costos? ¿serán los costos de logística? ¿los costos laborales? ¿el tipo de cambio?
Todos imaginamos que, siendo nuestro país un importante productor de alimentos, las variaciones del tipo de cambio sobre esta industria son, en general, poco significativo.
También sabemos que el Gobierno mantiene congeladas las tarifas de electricidad, gas, agua, etc., al menos, desde el estallido de la pandemia; que los costos impositivos se mantuvieron inalterables, bajos o altos según opinión de cada uno, pero no sufrieron grandes modificaciones; que tampoco se movieron demasiado los precios de los combustibles y que el Gobierno realizó un esfuerzo gigantesco en auxilio de las empresas para abonar parte de los salarios.
Entonces, ¿qué justifica ese índice inflacionario en un rubro que resulta vital para los sectores de menores ingresos? ¿no será que la “propiedad del mercado”, concentrada en manos de pocas empresas en posición dominante, incentiva comportamientos rentísticos y le resta competitividad interna? ¿Es suficiente, entonces, que los representantes de los trabajadores continúen utilizando una estrategia limitada y de relativo alcance que poco o nada modifica el problema de fondo?