🔵Más de 30 organizaciones sindicales, sociales y de Derechos Humanos enviaron una carta al FMI para rechazar el nuevo acuerdo firmado por el Gobierno, apuntaron por la violación de la Constitución y advierten sobre consecuencias sociales y económicas🔴
Gremios, movimientos sociales y referentes de derechos humanos elevaron una carta al Directorio y Staff del FMI manifestando su «firme rechazo» al nuevo acuerdo de financiamiento que el gobierno argentino pretende llevar adelante a través del DNU Nº DNU-2025-179-APN-PTE. Las organizaciones sostienen que la maniobra busca eludir el debate en el Congreso y califican el procedimiento como inconstitucional y antidemocrático.
La misiva advierte que el uso del DNU para aprobar el acuerdo viola varios artículos de la Constitución Nacional y contradice la Ley 27.612, que establece que cualquier entendimiento con el FMI debe ser aprobado por el Parlamento. Además, señala que no existen las «circunstancias excepcionales» necesarias para justificar un decreto de este tipo, ya que el Congreso se encuentra en pleno funcionamiento.
En el plano internacional, las organizaciones denuncian que las exigencias del FMI vulneran derechos humanos esenciales y condicionan políticas públicas que afectan la calidad de vida de la población. También recuerdan el acuerdo firmado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, por el que se desembolsaron más de 44.500 millones de dólares, fondos que —aseguran— fueron utilizados para financiar la fuga de capitales y provocaron una profunda recesión económica.
Entre los firmantes figuran la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Clasista Combativa, la CGT Zona Oeste, Adolfo Pérez Esquivel, APDH, Ni Una Menos, entre otros. Todos ellos solicitan que el FMI rechace el nuevo acuerdo y advierten que, por su ilegalidad, futuras administraciones podrían desconocerlo.
El texto concluye exigiendo al FMI que respete el principio de debida diligencia y no sea “cómplice” de un proceso que consideran ilegítimo. Asimismo, apuntan que la firma de este tipo de acuerdos compromete la soberanía económica del país y afectará durante años a las mayorías populares.