🔵Con el DNU 340/2025, el oficialismo impone límites inéditos al ejercicio del derecho constitucional a huelga en más de una docena de sectores estratégicos. La libertad sindical, en jaque🔴
En un nuevo capítulo de su ofensiva contra el movimiento obrero, el Gobierno nacional publicó el Decreto 340, una norma de altísimo impacto político y laboral que redefine qué sectores deben garantizar servicios mínimos durante huelgas, elevando drásticamente las exigencias y restringiendo de hecho la protesta sindical en la mayoría de las actividades económicas esenciales del país.
La medida modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, estableciendo que en los llamados “servicios esenciales” —como salud, educación, energía, transporte, telecomunicaciones, aduanas y marina mercante— las huelgas deberán garantizar al menos el 75% de la prestación habitual. Para los sectores de “importancia trascendental”, como medios de comunicación, logística, industria alimenticia, bancos y comercio electrónico, el piso será del 50%. ¿Una medida que limita la efectividad en las medidas de fuerza?
El decreto instala un régimen general de control estatal sobre los conflictos laborales, desnaturalizando el concepto mismo de huelga como herramienta de presión colectiva. La creación de una «Comisión de Garantías» con potestad para sumar nuevos sectores a los listados críticos profundiza la discrecionalidad oficial y abre la puerta a nuevas prohibiciones encubiertas.
El Ejecutivo justifica la medida con el argumento de proteger la actividad económica y garantizar servicios básicos, pero lo cierto es que consagra una visión autoritaria de las relaciones laborales, donde el trabajador queda maniatado frente al empleador y al Estado. En lugar de resolver las causas de los conflictos, el Gobierno opta por anular los efectos de la huelga, una estrategia que erosiona los pilares del modelo sindical argentino y choca de frente con los convenios de la OIT que protegen la libertad sindical.
Este decreto es parte de una estrategia sistemática de hostigamiento al sindicalismo, que incluye despidos masivos en el Estado, amenazas a convenios colectivos, persecución judicial a delegados y desfinanciamiento de las organizaciones gremiales, sumado la no-homologación de las paritarias que busquen quedarse en ventaja con relación a la inflación.