Finalmente, la central obrera y el Ministerio de Trabajo consensuaron enviar un nuevo proyecto de reforma laboral al Congreso y que los legisladores le den el visto bueno…o no.
La CGT y el Gobierno lograron consensuar algunos puntos de la reforma laboral y según algunos funcionarios del Ejecutivo, la misma podría salir a fin de año. El rol de los abogados fue determinante para acercar posiciones.
De los 145 artículos que esbozaba el borrador, quedaron 130, excluyendo los que la CGT se había negado a negociar. «Hemos avanzado muchísimo y la idea es cerrar el proyecto el viernes”, le reconoció el jefe de Gabinete de Trabajo, Ernesto Leguizamón al portal IProfesional.
El nuevo proyecto, que fue enviado por mail a la CGT, será enviado al Congreso y ahora quedará a merced del Senado y de la Cámara de Diputados, su aprobación.
Algunos focos de los que se centró la negociación entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo:
-Blanqueo: se precisó que no habrá límites en el reconocimiento del crédito laboral del empleado blanqueado en lo que respecta a antigüedad y vacaciones, mientras que en el caso de los aportes a las jubilaciones solo se reconocerán cinco años. La multa al empleador será el 50%del salario mínimo, un monto inferior al fijado por la Ley de Empleo que actualmente es de un 25% de las remuneraciones. Asimismo, el dinero será destinado al Estado, en lugar de beneficiar al trabajador.
-Indemnizaciones: a diferencia de la versión original del proyecto, se volvieron a tener en cuenta las horas extras y las comisiones para la base de cálculo «a pedido de las empresas», según reconoció Leguizamón.
De ese modo, se incorpora el fallo Vizzoti de la Corte Suprema, que impide que la quita de la indemnización sea mayor al 33% del salario percibido. Pero se mantiene la exclusión del aguinaldo, vacaciones y beneficios (auto y celular) y el concepto no jurídico de «sueldo» que, según los laboralistas, anticipa controversia en los tribunales.
-Irrenunciabilidad: se mantiene la posibilidad prevista en el primer borrador de que el trabajador renuncie a derechos adquiridos pero sin alcanzar el convenio ni la LCT y deberá ser homologado por la autoridad de aplicación con asistencia legal, replicando el modelo del Seclo, que en la actualidad sólo existe en Ciudad de Buenos Aires.
Para las autoridades, la imposibilidad de modificar el contrato es un «exceso» y su cambio es una condición para realizar el blanqueo.
-Banco de horas: uno de los puntos más debatidos era la posibilidad de que las empresas y gremios definan un mecanismo de compensación horaria, el cual consiste en que las horas trabajadas en exceso de la jornada diaria legal sean compensadas por una disminución equivalente en otros días. Esto permitiría que las empresas no paguen un recargo salarial por las horas extra.
-Fondo de cese laboral: inspirado en la actividad de la construcción, el fondo se constituye con el aporte mensual y obligatorio del empleador, quien deposita en una cuenta bancaria la indemnización del trabajador desde el inicio de la relación laboral.
El instituto será un ente tripartito, que se prevé estará compuesto por el Estado, las empresas y los sindicatos. Y el trabajador tendrá solo acceso al fondo una vez despedido.
De ese modo, el monto final por efecto de la inflación será inferior el que correspondería a una indemnización. El Gobierno prevé que será implementado en comercio, gastronomía y el ámbito rural.
-Prescripción: Cambiemos desistió de reducir el plazo de prescripción de créditos laborales a un año, y lo mantendrá en dos, como en la actualidad.
Las autoridades concluyeron que igualmente la mayoría de los reclamos laborales transcurren en el Seclo, donde el empleador aporta una suma menor a la que definen los fallos de la Justicia, aunque reconocen que eso genera una «distorsión» ya que desfinancia la seguridad social.
-Ius Variandi: el empleado puede considerarse despedido si la empresa decide cambiarle formas y modalidades del trabajo, pero ello no implicará su reinstalación inmediata en el puesto de trabajo.
-Solidaridad: se trata del punto que generó mayor resistencia, ya que facilita una creciente tercerización laboral, al excluir de la solidaridad entre la actividad principal y subcontratista al transporte, la limpieza, seguridad, mantenimiento, servicios médicos, seguridad, gastronomía e informática.
El empleador principal deberá controlar a la tercerizada y ambas empresas notificar al gremio de la modalidad de contrato. En el caso del transporte, la exclusión de la solidaridad se limitaría al de pasajeros.
-Nuevas figuras: el borrador original habilitaba la modalidad del trabajador independiente con hasta cuatro «colaboradores«, y la del «trabajador autónomo económicamente dependiente«, dos figuras que quedarían por fuera de las leyes laborales.
El primer caso sería el de un albañil que toma a un aprendiz, mientras que el segundo tiene que ver con el profesional que factura un 80% a la misma empresa.
El Gobierno apuntaba de ese modo a «formalizar» empleo, pero los abogados de la central obrera los objetaron por entender que alentaban el fraude laboral. Se creará una comisión para elaborar un proyecto de ley que regule el estatuto del nuevo autónomo.
Extracción de los datos de la reforma: IProfesional