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Reforma laboral sin Congreso: salarios congelados y sindicatos al margen, la advertencia de Graciela Aleñá

🔵La secretaria general de Viales, Graciela Aleñá, plantea un escenario que ni siquiera es próximo, es presente🔴

Para Graciela Aleñá, la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei no es una amenaza futura ni un debate teórico: es una realidad que ya se aplica en los hechos. Salarios congelados, paritarias bloqueadas y un Estado que se retira de funciones básicas son, según su mirada, el verdadero anticipo del modelo que se busca institucionalizar por ley.

Aleñá sostiene que el corazón de la reforma no está en la modernización ni en la creación de empleo, sino en la desarticulación de los derechos colectivos. La posibilidad de acuerdos individuales sin la participación sindical, advierte, rompe el equilibrio mínimo entre trabajador y empleador y deja al primero negociando en soledad, sin herramientas reales para defender sus condiciones laborales.

La dirigente también pone el foco en lo que la reforma deja afuera. Sectores enteros, como los trabajadores de plataformas, quedan directamente excluidos del esquema de protección. Para Aleñá, no se trata de un olvido técnico, sino de una definición política: aceptar la precarización como norma y legalizar relaciones laborales sin derechos.

En el caso de Vialidad, la dirigente describe un escenario que funciona como espejo del proyecto general. Sueldos paralizados durante más de un año, negociación salarial frenada y una fuerte subejecución presupuestaria que impacta de lleno en el mantenimiento de rutas. La consecuencia, remarca, no es solo laboral: rutas abandonadas significan más riesgo, menos producción y un Estado que deja de garantizar seguridad básica.

Desde esa perspectiva, Aleñá plantea que la reforma laboral no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de un esquema más amplio donde el ajuste se traduce en menos derechos, menos presencia estatal y más incertidumbre para quienes viven de su trabajo. Un modelo que, lejos de ordenar el sistema laboral, consolida la desigualdad y traslada el costo del programa económico a los trabajadores y a la infraestructura pública.

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