Desde los distintos sindicatos de trabajadores, organismos de derechos humanos, repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aprobó aplicable el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Desde la Confederación del Trabajo Autónoma (CTA), el Secretario General, Hugo Yasky expresó su profunda desacuerdo al señalar que “este beneficio configura un retroceso sin precedentes en las políticas de Estado en materia de Memoria, Verdad y Justicia”.
“El fallo que repudiamos tiene sus antecedentes inmediatos en la decisión judicial de otorgar la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolotaz y, pocos días después, en el llamado de la Conferencia Episcopal Argentina a la reconciliación de la sociedad con los genocidas. Se inscribe, además, en el acelerado rearme de las fuerzas de seguridad, en la creciente represión a los conflictos sociales y en la brutal campaña mediática que el gobierno ha emprendido contra la organización legal y legítima de los trabajadores, mientras persiste en la aplicación de sus políticas de hambre y desempleo”, aseguró.
Por su parte, desde la Comisión Gremial Interna de Telam (CGI) del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPReBA), expresaron a través de un comunicado su decepción por el desacertado dictamen.
“La Comisión Gremial Interna repudia enérgicamente el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita la aplicación de la ley penal más benigna a los represores, torturadores, secuestradores de bebés y asesinos de la última dictadura cívico-militar”. Y continúa: “Con esta sentencia, el máximo tribunal (con el voto de dos ministros designados por este gobierno y una tercera a la que se le acaba de asegurar el beneficio de la no jubilación) sienta jurisprudencia en beneficio de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad que, a partir de ahora, podrán contar con un juzgamiento similar al de cualquier preso común”.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro también rechazó la medida aprobada por los jueces de la Nación donde “manifiesta su profundo repudio al fallo emitido en el día de ayer por la Corte Suprema, declarando aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. Ante la sentencia dictada en el caso del represor Luis Muiña, en la que la decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión”.
“Rechazamos enérgicamente la propuesta de “reconciliación” entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado que viene impulsada tendenciosamente por algunos sectores de la sociedad, como la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), encabezada por su presidente, Monseñor José María Arancedo. No olvidamos la responsabilidad de una parte de la Iglesia que fue cómplice de las desapariciones y torturas”, prosiguió.
Por su parte, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel fue otro de los más duros: “Se parece a los indultos de Menem. Forma parte de una avalancha de cosas con las que tratan de limpiarle la cara a los represores. La reconciliación con los militares que promueve la Iglesia”, con el Episcopado por estos días reunido en Pilar en torno a ese eje, en declaraciones al diario Perfil.
En tanto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió a la polémica resolución y señaló: «El Gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya. Ahora quieren fusilarnos en una movida tan terrible” afirmó que el Gobierno de Cambiemos “ha traído el olvido y el desprestigio, hasta han tratado de curro a los derechos humanos”.