🔴“Pretender que ese mismo tribunal controle la constitucionalidad de la ley desnaturaliza la función judicial y afecta la confianza pública”.🔵
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR), filial de la Federación Judicial Argentina (FJA), presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley 5830 y recusó a la totalidad de los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ), al considerar que “no se encuentran en condiciones de garantizar la imparcialidad que exige el control judicial”.
En este sentido, desde el gremio subrayaron que “la Ley 5830 deroga la tasa del dos por mil (0,2%) aplicada a los procesos judiciales contenciosos o voluntarios, cuyos fondos tenían como destino al SITRAJUR”. Y remarcaron que el este monto “constituía una herramienta clave para garantizar la participación gremial y el sostenimiento de ese espacio institucional”.
Además, los Judiciales manifestaron que este “es un eslabón más de una secuencia que comenzó con la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, continuó con el vaciamiento del ámbito paritario, y se profundizó con reiterados intentos de modificar condiciones laborales por fuera de la negociación colectiva”.
En esta línea, el SITRAJUR expresó que: “La recusación se fundamenta en que el propio STJ tuvo un rol activo y determinante en el proceso político e institucional que derivó en la sanción de la norma cuestionada. Desde SITRAJUR advierten que pretender que ese mismo tribunal controle la constitucionalidad de la ley desnaturaliza la función judicial y afecta la confianza pública. La acción fue iniciada formalmente el 26 de diciembre de 2025 y se encuentra en trámite ante la Secretaría de Causas Originarias y Constitucionales”.
Y desde el gremio señalan que la norma “responde a una decisión política del oficialismo provincial, y que el STJ no es ajeno a este proceso, sino parte de un esquema donde se vuelve juez y parte, lo que constituye un problema democrático de fondo”.
Para finalizar, el SITRAJUR señaló que “este conflicto ya forma parte de reclamos en curso ante la OIT y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se denuncian afectaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva”.