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Un informe derriba algunos mitos instalados sobre el Impuesto a la Fortuna

Una serie de placas muestran cómo afectaría el Impuesto a las Grandes Fortunas que ya obtuvo media sanción en Diputados, en un debate largo que llegó a la madrugada.

El Centro de la Economía Política elaboró un informe relacionado al proyecto que acaba de obtener media sanción en Diputados y apunta a entender el gravamen único que se le aplicaría a las grandes fortunas en la Argentina. Compara a otros países y muestra la porción afectada.

Habla sobre la caída que provocó la pandemia en el país por recaudación y sostiene que contrariamente, los gastos para atender el servicio estatal de salud y sus colaterales, se han incrementado a un nivel desigual.

El CEPA da cuenta lo que ya es vox populi, y se relaciona con la cantidad de contribuyentes que estarían afectados por la ley que ascendería, una vez promulgada, a 9.298. Esto lograría recaudar –según el estudio- alrededor de 307 mil millones de pesos.

A la vez, indica que no solo el IGF resultará conveniente para recaudar sino que está destinado a reducir los índices de desigualdad social, tal lo indica la placa.

🗺¿Qué países también sirven de comparativos?

El CEPA a la vez hace un recorrido mundial por varios países en los que se aplica el impuesto, que dependiendo en donde se denomina diferente. Dice que Argentina no posee la presión impositiva más alta sobre los demás países y compara a Europa, en donde llegaría la alícuota al 55%.

Desmiente que en Argentina los sectores más pudientes de la economía sean los más perjudicados con los impuestos y que del Impuesto a los Bienes Personales la recaudación es “insignificante”.

Aporta también el dato sobre España, Italia, Brasil, Chile y Estados Unidos, en donde las cargas son del 3.5% en el primer mencionado; o del 4 al 8% en Italia sobre patrimonios desde 80 mil euros.

¿Reduce las inversiones?

El estudio niega rotundamente con datos este concepto, bastante instalado desde que se ubicó el Impuesto a la Riqueza en los grandes debates. “El aporte es sobre las personas físicas y no sobre las sociedades”, contrarresta. “No afecta a las inversiones productivas”, agrega.

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