🔵El Gobierno nacional redujo a la mitad el presupuesto destinado a la protección y acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Lo que se traduce en menor asistencia🔴
El reciente anuncio del Gobierno Nacional, publicado en el Boletín Oficial este lunes, generó preocupación entre diversas organizaciones y dirigentes sociales y sindciales. La decisión de reducir a la mitad el Programa «Acompañar», que brindaba asistencia económica a personas en situación de violencia de género, es fuertemente criticada por su impacto en las víctimas.
El programa, que consistía en el otorgamiento de un salario mínimo durante seis meses a personas en situación de violencia extrema, permitía que aquellas en riesgo pudieran buscar un lugar seguro para vivir y sostenerse mientras atravesaban el proceso de emigrar del espacio en donde convivía con la persona violenta.
Con la nueva reforma, este beneficio se ha limitado a tres meses y se exige la presentación de una denuncia judicial o policial, una medida que ha sido calificada como insensible y desconectada de la realidad por diversos sectores, ya que muchas víctimas encuentran enormes dificultades para formalizar denuncias.
María Mercedes Cabezas, secretaria Adjunta de ATE Nacional, expresó su indignación ante la medida, señalando que «el gobierno ahora reconoce que la violencia de género existe, pero que cada cual se las arregle como pueda«. Cabezas denunció que este ajuste es otra forma de violencia económica, que afecta de manera directa a mujeres y diversidades en situaciones de extrema vulnerabilidad.
La CTA Autónoma también se sumó al repudio, destacando que esta reforma constituye un retroceso en la lucha por los derechos sociales de las personas en situación de violencia de género.
La central sindical que lidera Hugo Cachorro Godoy alertó sobre los riesgos que implica esta decisión para la vida y salud física y mental de las víctimas, subrayando que desmantelar un programa tan crucial solo agrava las condiciones de quienes más necesitan apoyo estatal.
Con este recorte, se pone en peligro la efectividad de las políticas públicas destinadas a proteger a las personas en situación de violencia de género, dejando a muchas sin la asistencia necesaria en momentos críticos.